Opinion | 22 Oct El sabio dicho que recomienda «nunca digas ‘de esta agua jamás he de beber’», se aplica en todos los órdenes de la vida, pero seguramente viene como anillo al dedo para la política uruguaya, donde el doble discurso, el ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, el hacer desde el gobierno lo que antes se condenó cuando se estaba en la oposición, son moneda corriente, aunque quienes protagonicen estas incongruencias y contradicciones lo hagan muy sueltos de cuerpo y apelando a cuanta pirueta verbal encuentran.
Lamentablemente, no hay partido que haya ejercido el gobierno que escape a esta regla general, y la muestra más cabal de semejante desatino y desconsideración hacia el sentido común y la memoria de los ciudadanos proviene de la actual fuerza de gobierno, donde se ha reactivado un movimiento que promueve la reelección del presidente Tabaré Vázquez.
Y como si fuera un tema menor, quienes actúan con esta ligereza –al movimiento se han integrado varios ministros, que tienen que saber de qué se trata— se cuidan de hacer notar que para que el actual mandatario pueda ser reelecto debe organizarse nada menos que una reforma constitucional, desde que la reelección está prohibida en la Carta Magna, que solo puede habilitarse mediante una recolección masiva de firmas y plebiscitarse en forma simultánea con las próximas elecciones nacionales.
Y el intento no promueve la reelección en forma abstracta, para la siguiente elección, sino que este movimiento es netamente partidario y apunta, como lo proclaman sin tapujos sus promotores, a que el presidente Vázquez pueda ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo por otro período sucesivo.
El reeleccionismo fue duramente condenado como tal por el Frente Amplio en oportunidad de las elecciones de 1971, en las que se promovió una instancia similar para permitir la reelección de Jorge Pacheco Areco, en lo que la izquierda definió como un intento continuista con nombre propio para perpetuar al ex mandatario en el poder, a despecho de las consecuencias políticas e institucionales para el país.
En aquel entonces, el Frente Amplio hizo campaña contra la reforma constitucional con la misma argumentación que ahora desestima, porque seguramente en aquel entonces era la «oligarquía» la que intentaba perpetuarse en el poder, pero la cosa cambia cuando son los «buenos» los que aspiran a reelegir a su candidato, y por lo tanto puede perdonarse el «inconveniente» que significa ingresar en una campaña de estas características.
Pero lo que es peor aún, quienes así piensan –no nos consta que el presidente Vázquez esté entre ellos, como lo ha manifestado en más de una oportunidad—procuran de esta forma embarcar a la ciudadanía del país en una vorágine preelectoral, de intolerancia y de apasionado debate para laudar el pleito de sus problemas internos, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo para postular un candidato de consenso para las elecciones de octubre de 2009. Este manejo inmaduro de sus diferencias, y el trasladarlas a toda la ciudadanía como si fueran cosas prioritarias para el país, pone de relieve que por encima de la retórica sobre los reales problemas del Uruguay, se antepone la propia situación político-partidaria, con una frivolidad que eriza la piel y que pone de relieve hasta qué grado el ejercicio del poder puede hacer perder las referencias y por dónde pasan las inquietudes y necesidades de la gente. Plebiscitar una reforma constitucional en forma conjunta con las elecciones significa que los partidos –por lo menos el que la promueve— presenten listas por el régimen vigente y por el propuesto, como ocurrió en 1971, cuando se generó una confusión enorme porque los números nunca cerraron, al computarse más votos que votantes. La reelección fue rechazada entonces, pero en lugar de Jorge Pacheco Areco quedó su delfín, a quien nadie conocía ni había votado: nada menos que Juan María Bordaberry, de triste recuerdo para los uruguayos.
Ahora los reeleccionistas apelan al «gancho» de Tabaré Vázquez en el intento de retener el poder, por lo menos para recoger más votos que los que creen obtendrían con otra fórmula presidencial, aunque igualmente la disputa se centraría en lo previo a buscar acuerdos para la fórmula alternativa, por si no saliera la reelección. Inequívocamente, detrás de todo este manejo está el intento sin disimulo de retener el poder, lo que no sería cuestionable, desde que esta es la esencia de los partidos que aspiran a gobernar y poner su gestión a la consideración del voto popular soberano.
Pero lo que los uruguayos debemos rechazar, por encima de la figura en sí de la reelección, que siempre es discutible y debe evaluarse en un contexto sin nombre propio, es que se pretenda tomar a la ciudadanía como rehén de disputas internas, y que encima se pretenda pasar gato por liebre, como si estuviera en juego el destino nacional, cuando estamos simplemente ante un interés meramente electoral y coyuntural.