Opinion | 28 Oct En medio de una crisis financiera mundial que ha generado incertidumbre general, ha pasado casi desapercibida en nuestro país la reciente inauguración del primer parque eólico del Uruguay, en Rocha, el que ha demandado una inversión del orden de los 18 millones de dólares y está en condiciones de suministrar hasta unos 10 megavatios a la red eléctrica.
Esta inversión se inscribe en la imprescindible reconversión de la matriz nacional con apoyo de energías alternativas renovables, amigables con el medio ambiente y que a la vez nos permitan reducir la dependencia del exterior, por lo que debe valorarse en toda su magnitud este acontecimiento que nos pone de cara al futuro en agudo contraste, felizmente, con grupos que siguen apostando a revisar el pasado y hasta siguen embarcados en campañas de firmas para seguir hurgando, abusando de la paciencia de los uruguayos y sin detenerse a pensar que está en juego el país que legaremos a las futuras generaciones.
En este caso estamos ante el proyecto denominado Nuevo Manantial, que cuenta con 16 grandes generadores, y que esperamos sea solo el principio de una gran apuesta nacional a las energías alternativas de fuentes renovables, pese a que el país sigue teniendo como materia pendiente la falta de una política de Estado en el área de la energía, nada menos, por lo que cada gobierno en realidad ha contribuido con su cuota de improvisación a que hoy estemos como estamos.
Es cierto, la incertidumbre mundial no es el mejor escenario para inversiones de riesgo, pero la problemática energética trasciende lo episódico y la coyuntura, para situarse como un desafío de carácter permanente en un mundo que gradualmente avanza hacia la extinción de los recursos fósiles, mientras la demanda seguirá aumentando en medida aún mayor que el crecimiento demográfico.
Consecuentemente, generar electricidad resultará cada vez más caro y problemático, por lo que incorporar infraestructura dentro de fronteras con este fin representa una prioridad que debe estar por encima de lo circunstancial, y todo intento que se haga en favor de consolidar las inversiones hacia esta área reviste carácter estratégico.
En este escenario, y mientras no se cuente con políticas de Estado acordadas con anuencia de todos los partidos, para incorporar reglas de juego estables que trasciendan la rotación de partidos en el poder, resulta fundamental que el Poder Ejecutivo aliente las inversiones a través de decisiones ágiles que se orienten en este sentido.
Y sobre todo, que instruya a organismos como UTE a que dejen de lado su perfil prescindente y monopólico, para realmente estar a tono con el desafío y avanzar hacia el objetivo de reconvertir la matriz y reducir la dependencia y vulnerabilidad ante quienes nos venden electricidad y petróleo, no siempre en la oportunidad y tiempo requerido, y mucho menos aún en el precio.
Lamentablemente, UTE ha actuado con parsimonia exasperante para incorporar generadores privados de electricidad mediante energías alternativas como la biomasa o la propia energía eólica a través de licitaciones, al punto que en 2006 convocó a la compra de 60 megavatios, de los cuales solo adjudicó 36 y dejó pendientes 24 para una segunda licitación, que recién está en proceso.
Para esta segunda parte se han presentado interesados en proporcionar una generación que en total supera los cien megavatios, que es la potencia instalada que se necesitaría incorporar año a año para acompañar el crecimiento de la demanda interna de electricidad.
En cambio, haciéndolo por cuentagotas, se está desestimulando a quienes apuestan a invertir, a pesar de las dificultades del momento, en proyectos de largo plazo, que es lo que dará garantías al Uruguay de que las cosas nos irán mejor en el futuro.
También UTE le sigue dando largas a la instrumentación de la Ley de Marco Regulatorio para habilitar la generación privada y la compra por el organismo, para lo que no se pone de relieve mayor voluntad de apertura, dado que el carácter monopólico del ente desde siempre ha prohijado resistencia en el ámbito estatal y la propia burocracia se resiste a perder espacios de poder en favor de la ADME (Administradora del Mercado Eléctrico), que es un organismo creado por la ley para esta regulación y para que UTE deje de ser juez y parte en el tema.
De ahí la necesidad de que el gobierno asuma sus responsabilidades, para corregir estos desvíos que surgen en el propio Estado, y de una buena vez se adopten decisiones drásticas para superar las trabas que la burocracia y los funcionarios que se sienten dueños de las empresas interponen para que nada cambie.