Opinion | 29 Oct «Una sociedad que permita que tú manejes, merece el daño que le provoques», decía con ironía Avelino —el actor Pepe Ruiz— a su esposa «Pepa» —Marisa Porcel— en la hilarante comedia española «Escenas de matrimonio». En el capítulo en cuestión ella, una mujer entrada en años y con varios kilos demás, decide obtener un permiso municipal para conducir motocicletas de gran potencia, mientras su esposo se opone férreamente por considerarlo un peligro para la sociedad.
La cita viene al caso dado que aún en tono humorístico encierra una gran verdad: buena parte de la responsabilidad en los problemas actuales del tránsito le cabe a las autoridades encargadas de emitir el documento que nos habilita para conducir. Años atrás se realizó en Uruguay una encuesta entre conductores profesionales para determinar el grado de conocimiento de las normas elementales de conducción, que demostró un inconcebible índice de ignorancia entre quienes se supone deberían estar más capacitados. Por ejemplo, un alto porcentaje de ellos desconocía el significado de la línea amarilla pintada al centro de la calzada. Lo más preocupante era que todos habían superado los exámenes y pruebas exigidas por distintas intendencias.
Lamentablemente en nuestro país no existe un seguimiento de las infracciones de los conductores que de alguna manera relacione y sancione al emisor del documento, por lo que la responsabilidad se diluye.
La «libreta» de conducir debería entenderse como un documento que indica que el titular no representa un riesgo para la sociedad, y no como un derecho del ciudadano para que haga lo que se le da la gana en la calle.
Felizmente, la ley de tránsito recientemente instaurada representa un gran avance en ese sentido, desde que pretende unificar los criterios para otorgarla en todo el territorio nacional. Asimismo, es destacable la importancia del curso de manejo defensivo que actualmente se exige a los futuros conductores, que al menos en parte asegura el conocimiento básico para una conducción segura.
Yendo un poco más allá en la optimización, podría ser más seguro que para postularse para obtener la libreta fuera obligatorio hacer un curso en una academia y que sea ésta la que presente a quienes lo hayan aprobado. Así podría crearse un sistema de puntajes en base a las infracciones que cometan sus alumnos —luego de obtener la autorización municipal— y sancionar a la que ostente la mayor cantidad de faltas graves. Tal vez así disminuiría el número de kamikazes que ostentan «licencia para matar».