Opinion | 27 Oct Uno de los perfiles de este gobierno, que ha generado más problemas que eventuales soluciones, es el intento de «hacer justicia al paso», atendiendo situaciones puntuales que surgen de airados reclamos y hasta de hechos consumados, por lo que inequívocamente da el mensaje de que basta con presentar situaciones más o menos teñidas de reivindicaciones justas, para lograr respuestas a medida, aunque la solución conlleve postergar planteos de quienes lo han canalizado por la vía de las normas que lo reglamentan, y legítimamente esperan ser contemplados.
Uno de los casos que se enmarcan en esta reflexión es el de la ocupación de tierras por productores en Tacuarembó, y el consecuente anuncio de que el Instituto Nacional de Colonización entregó 149 hectáreas a orillas del río Yaguarí a un grupo de personas que se presentó con el nombre de «Pecho y coraje», lo que seguramente es muy del agrado de grupos radicales del Frente Amplio, pues rememora las luchas ideológicas de los años ’60 en nuestro país. Pero una cosa son las necesidades, que todos tenemos en mayor o menor grado, y otra muy distinta que las respuestas se ajusten a derecho, porque de lo contrario se desconoce el ordenamiento institucional y los derechos adquiridos por quienes han confiado en las normas para canalizar sus planteos y aspiraciones, en muchos casos tan acuciantes como las de quienes son atendidos ipso facto al ocupar ilegítimamente tierras.
Según el vicepresidente del INC, Mario Vera, «se le intenta dar solución a más gente con una sola fracción. La intención es que salgan del circuito clandestino de venta de leche. Esta es una buena forma, es un campo que se presta para instalar un tambo, regularizar la situación y que puedan remitir leche a una planta», a la vez de no descartar que este grupo haya ocupado tierras antes.
En su momento las autoridades del INC habían sostenido que no iban a «tolerar» más ocupaciones, para no refrendar situaciones de hecho, y seguramente para no seguir enviando el mensaje de que una vez que se ocupa algo, por definición ilegalmente, no se ponen en marcha las acciones legales para hacer valer los derechos de propiedad. Pero de igual forma se sigue actuando contra la ley.
Y por cada uno que ocupa y al que se le satisface «a la carta», hay cien aspirantes a colonos que desde hace años han planteado en tiempo y forma su aspiración ante el instituto, y que sin embargo no son atendidos por falta de tierras para colonizar. En esta situación hay por lo menos 3.500 personas, entre ellos hijos de colonos y profesionales con sus familias, que están en condiciones de explotar adecuadamente fracciones y encarar proyectos viables. A esos efectos, se encuentran en listas de espera, acumulando antigüedad por encima de lo que indica el sentido común, si es que como se dice, se sigue apostando al Uruguay productivo, pero en un esquema en el que sigue primando el «vale todo», como surge de los hechos expuestos.
El presidente de la Asociación Rural, Guzmán Tellechea, anunció que ha pedido una reunión con el presidente del INC, «porque estamos preocupados por las ocupaciones y adjudicaciones» como se ha dado en los predios de Tacuarembó. Evaluó que «tenemos clara la inquietud que ha generado que se conceda tierras a personas que han ocupado otros predios», en tanto hay una larga lista de colonos y aspirantes que aguardan la entrega de tierras, mientras «le dan los predios a los que ocupan y le pasan por arriba a mucha gente».
Y éste es precisamente el punto: cuando se hace hincapié en el voluntarismo y prima el componente ideológico por encima de la administración de los recursos disponibles y la aplicación de las normas, al fin de cuentas el gobierno comete las peores iniquidades en nombre de la justicia que dice defender. Y lo que es peor, sienta precedentes que causan profundo daño al ordenamiento institucional vigente, alentando el descreimiento del ciudadano.