Opinion | 29 Oct Aunque ya se han presentado las primeras repercusiones negativas de la crisis financiera internacional en la región, con un Brasil que se ha encarecido por ejemplo para los productos uruguayos, es todavía imposible justipreciar cual será el escenario en el corto y mediano plazo, desde que aún hay demasiadas incógnitas a despejar.
Por lo pronto, el problema más serio por su inmediatez es el de las expectativas, que se presentan negativas tanto en lo interno como hacia lo externo, ante una primera reacción de prudencia y de congelar decisiones a la espera de que amaine el temporal.
El punto es que una actitud generalizada de este tipo, de estar a la «espera», no es otra cosa que un factor generador de situaciones adversas, porque mientras nadie compre ni venda y se corte el crédito, lo que se hará será impulsar la bola de nieve de la recesión mundial, que no traerá beneficios para nadie al deprimir la inversión, el intercambio comercial y la calidad de vida de los pueblos.
Por lo tanto, un sano intento de los líderes de la economía mundial sería el de adoptar medidas que permitan aventar las expectativas negativas para gradualmente ir recomponiendo la situación. Por cierto, lo han estado intentando, pero con un resultado hasta ahora inverso al buscado, a juzgar por la caída de las bolsas, la desconfianza de los mercados y precios en caída libre, que hasta ahora no han dado signos de irse recomponiendo con firmeza.
En ese escenario Uruguay se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, debido a su carácter de productor de materias primas y tomador neto de precios, y aunque esté en términos relativos mejor que cuando la crisis de 2002, es impensable para quien analice este panorama con un mínimo de objetividad, que deambule por el campo de batalla sin sufrir heridas.
Y pese a lo que digan conspicuos integrantes del gobierno, quienes naturalmente procuran tranquilizar a los operadores económicos y a la población, al señalar que el país está a cubierto para no sufrir los avatares de la crisis durante un tiempo más o menos razonable, es indudable que ese optimismo debería ser refrendado con hechos que demuestren a los inversores y a los operadores en general que el gobierno también está haciendo algo para que las cosas no resulten más graves, como contener el gasto público «inflado» en la última Rendición de Cuentas.
No puede soslayarse que el gasto del Estado se financia con los recursos que aportan los sectores reales de la economía, es decir los que crean la riqueza que se lleva el aparato estatal en una buena parte para después redistribuirla en base a decisiones políticas.
Y el quid del asunto es que en este caso no es regenerativa, por cuanto se detraen recursos que deberían activar la economía para gastarlos en burocracia y políticas que no tienen la contrapartida indispensable de retorno.
Por lo tanto, para inyectar confianza, lo primero que debería hacer el Poder Ejecutivo es transmitir a los ciudadanos que el gobierno aporta su cuota parte de cordura limitando el gasto para adecuarlo a las circunstancias, en vez de seguir exigiendo más y más esfuerzo al aparato productivo por previsiones que se hicieron sobre un supuesto de bonanza que ya no existe, y que peor aún, se va a degradar aún más en el curso de 2009.
Claro, hay un «pequeño problema» para que se actúe racionalmente, y es el componente político - electoral del momento, si se tiene en cuenta que ya están a la vista las elecciones de octubre del próximo año, en el que se juega la suerte de la fuerza de gobierno en su comparecencia ante la decisión del soberano.
Contener el gasto público en estas circunstancias, aunque sea la medida que realmente necesita el país, no serviría en cambio a los intereses electorales del gobierno. Porque conlleva decisiones que no son simpáticas y tendrían en lo inmediato un costo social, aunque ese aspecto negativo se compensara con creces con la creación de condiciones más favorables para el futuro inmediato.
No es un dilema que se le haya presentado solo a este gobierno, desde que el carnaval electoral ha sido una constante en nuestro país. La única diferencia es que las consecuencias serían esta vez mucho más graves, al coincidir la crisis con el gasto irresponsable al que son tan proclives los gobiernos salientes.
Sobre este aspecto deberían tomar buena nota quienes tienen la máxima responsabilidad de las decisiones, porque aún están a tiempo de contener el incendio que recién empieza.