Opinion | 04 Nov La reciente votación de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ha puesto sobre el tapete, aunque parcialmente, elementos controversiales del esquema previsional uruguayo, y sobre todo del costo que demanda la seguridad social en general, que no es solo el pago de prestaciones de pasividades y asignaciones familiares, sino que involucra a muchos actores y merece evaluaciones que deben formularse en el contexto de un escenario mucho más amplio.
Como en tantos órdenes de la vida, se trata fundamentalmente de un tema de generación y distribución de recursos, y sobre todo, sin dejar de lado aspectos como la justicia social, determina costos que se transfieren a toda la sociedad.
En el caso específico de la caja mencionada, no puede obviarse que este régimen especial, en el que a la vez se orientó inversiones hacia sectores como la forestación, ha tropezado con serios problemas al sostener por un lado elevadas prestaciones para los beneficiarios, muy por encima del promedio de los pasivos, y una reducción del número de activos que aportan.
La consecuencia ha sido que el sistema se ha desfinanciado progresivamente hasta llegar a su crisis.
Esta pequeña muestra de las consecuencias que trae aparejada una relación muy lejana de la ideal —el mínimo estimado por estudios internacionales es de por lo menos tres activos por cada pasivo— debe tenerse presente cuando se analiza la problemática de nuestro sistema, en el que se da una relación de prácticamente 1,5 trabajador por cada pasivo, lo que significa mayor esfuerzo de aportes sin que se logren prestaciones decorosas.
Y pese a que ha mejorado la recaudación y se ha tenido el buen tino de no agravar el problema mediante la modificación o la derogación del régimen de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP), al estilo de la confiscación que concretó el gobierno de Cristina Fernández en el vecino país, no puede soslayarse que el promedio de nuestros pasivos percibe prestaciones muy bajas, incluso por debajo del límite para satisfacer necesidades básicas.
Eso ocurre no porque se vierta poco dinero hacia el sector, sino que se conjugan en esa situación factores que coinciden en la misma dirección: a la baja relación activo - pasivo se agrega el envejecimiento poblacional, altos índices de informalidad en el área del empleo y resabios de clientelismos y distorsiones en el régimen previsional.
El gran reto que tenemos por delante consiste en hacer sustentable el sistema, que ha recibido oxígeno en base a la reactivación económica que mejoró ingresos e incorporación de afiliados al sistema formal, por lo menos mientras duró la burbuja que ahora se ha desinflado por la crisis financiera internacional.
En este escenario se abren interrogantes respecto a la repercusión negativa que podría tener en el empleo esta reversión del período de bonanza, desde que la salud del sistema previsional está directamente relacionada con la recaudación que se logre por efectos de la actividad laboral en el sector formal.
La edad de la población en Uruguay semeja a la de los países europeos, con un 13,5% del total con edades por encima de los 65 años, lo que desde el punto de vista social es muy positivo ante la alta expectativa de vida, pero a la vez tenemos la contrapartida de estar muy por debajo en el PBI, o sea en la creación de riqueza.
Así, inevitablemente nuestros pasivos reciben prestaciones acordes a una realidad que no se puede ignorar, ni tampoco es posible inventar recursos donde no los hay. Las respuestas deben pasar por lo tanto por incrementar el número de afiliados activos, mejorar la productividad laboral, reducir el trabajo informal y en alguna medida, lograr atractivos que retrasen la edad de retiro, lo que a la vez tiene también el lado negativo de frenar a quienes pretenden ingresar al sistema laboral.
Atar todas estas moscas por el mismo rabo es el gran desafío que hasta ahora no ha planteado en toda su dimensión el sistema político, pese a que estamos ante una definición impostergable. Y como las respuestas no puede darlas ningún gobierno ni grupo por sí solo, es preciso que los actores políticos y la sociedad toda inicien un debate profundo sobre la situación y busquen fórmulas de salida con el mayor apoyo posible, porque a la luz de lo expuesto, es poco probable que el remedio vaya a ser dulce.