Opinion | 02 Nov «Todos coincidimos en la preocupación esencial de que la gratuidad no asegura la accesibilidad o equidad», reflexionó la ministra de Educación y Cultura, María Simón, respecto al concepto vertido por el presidente Tabaré Vázquez, en el sentido de que la Universidad de la República debería cobrar matrícula a los estudiantes que estén en condiciones de pagarla.
La secretaria de Estado fue entrevistada por «La República» a propósito de estas diferencias que se han generado dentro del propio partido de gobierno, cuyos integrantes históricamente han estado en contra del cobro de matrícula, pero que sin embargo, tras asumir la conducción del gobierno nacional, han recapacitado y considerado que el presupuesto universitario se nutre de los recursos que vierten todos los uruguayos, de todo sector de actividad y capacidad económica, y que frente a un sinfín de necesidades a suplir, se están utilizando los dineros públicos para ofre- cer gratuidad a quienes no la necesitan.
Simón evaluó empero que el cobro de una matrícula para el ingreso a la Universidad «no me parece la herramienta adecuada. Recordemos que hay enseñanza paga y también gratuita, y se puede elegir», lo que parte de una tesis errónea, por cuanto hay carreras que no se dictan en el ámbito privado, y no existe capacidad de elección, sobre todo porque la propia Universidad de la República, de tradición centralista y elitista, se ha opuesto sistemáticamente —y lo ha hecho valer por todos los medios posibles— a que se abran opciones en el sector de la educación terciaria privada.
La gratuidad de la enseñanza universitaria en el Uruguay, como un instrumento que asegura el acceso de todo estudiante a estudios terciarios es una gran falacia que se ha repetido como eslogan para atrapar incautos y sobre todo con la intención de hacer que no se toquen las estructuras de la Universidad, hacer valer su autonomía por sobre todo lo demás y en los hechos, mantenerla ajena a las necesidades de la sociedad y de un país que sin embargo contribuye a su sustento económico compulsivamente por la vía de los impuestos.
Es decir que hay una enorme diferencia entre la teoría de esta gratuidad y lo que se ha conseguido en realidad al mantener a rajatabla este mecanismo delirante: la Universidad de la República, la que pagamos todos los uruguayos, forma profesionales a partir de jóvenes provenientes, en más de sus tres cuartas partes, de estratos medios altos y altos de la sociedad, y a la vez, en casi 70 por ciento de montevideanos.
Con esa mal llamada gratuidad se está cometiendo la doble injusticia de postergar a personas procedentes de familias de menores recursos o del Interior, una realidad irrefutable que sin embargo es soslayada a sabiendas una y otra vez por quienes pretenden justificar de todas formas, por motivos ideológicos, que se brinde capacitación gratuita de nivel terciario, que en todas partes del mundo es cara. Y Uruguay no es la excepción.
El punto es que todos los uruguayos ponemos parte de nuestros ingresos, estemos o no de acuerdo, para que se formen profesionales capitalinos y de familias pudientes, en tanto decenas de miles de jóvenes están marginados de esta posibilidad por residir fuera de los límites de Montevideo o directamente por incapacidad económica.
También debe tenerse en cuenta que hay un porcentaje considerable de estudiantes que no completan sus estudios secundarios por razones socioeconómicas, y este es un déficit que explica parcialmente el escenario que se presenta en la enseñanza terciaria, aunque este aspecto requiere una respuesta muy compleja.
Pero en el caso de la Universidad ya no quedan excusas que convenzan a alguien que tenga dos dedos de frente para no cobrar una matrícula que le permita sostenerse y ser realmente la Universidad de todos, en vez de la de unos pocos de buena capacidad económica, que son subsidiados para que estudien. Una medida que apunte a hacer justicia en los hechos pasaría por el cobro de matrícula y establecer con estos fondos becas que realmente permitan que puedan estudiar los jóvenes de menores recursos y los del Interior. Es decir, que la norma sea el cobro y subsidiar a los estudiantes que realmente lo necesitan, para transitar hacia la equidad y la justicia, que no pasa precisamente por la paradoja de que todos financiemos las carreras de quienes están en condiciones de pagárselas y muchas veces se dedican a deambular por la aulas universitarias, hasta que obtienen su título por cansancio.