Locales | 08 Nov El presidente de la Junta Departamental, en su calidad de ordenador del gasto durante el correspondiente período anual, realizó ayer la denuncia penal ante el Juzgado Letrado de 2º Turno por la sustracción de 340 mil pesos. Se trata de una instancia de presumario judicial a la que, seguramente la jueza Blanca Rieiro dará lugar por la importancia del dolo confesado por su autor.
No está establecido aún desde cuándo el funcionario con veintidós años de servicio administrativo en la Junta, efectuaba las maniobras del retiro que se estima realizara en forma paulatina a efectos de que no se notara un abrupto faltante de dinero. Esta maniobra era facilitada por el manejo directo del dinero en su calidad de tesorero y a la vez remesero, o sea que era el encargado de los depósitos y retiros bancarios.
Los hechos comenzaron a precipitarse el miércoles, cuando dos contadores del Tribunal de Cuentas de la República –estaban desde el lunes en Paysandú trabajando en la Intendencia- llegaron a dicha sección del deliberativo para una auditoría sorpresiva. Una forma de control que no es desconocida ni llama la atención en forma especial, puesto que así lo mandatan las normas vigentes para la administración pública, aunque ese día no fue posible cumplir con tal objetivo precisamente por la ausencia del citado funcionario (había salido a «hacer bancos» y luego se sintió mal, por lo que no regresó sino que se dirigió a Comepa en procura de atención médica).
Llamada al presidente
Ese mismo día, alrededor de las 23, el presidente Alejandro Machado recibió una llamada telefónica de la jefa de Tesorería en la que se le imponía de la existencia de la falta de una importante suma de dinero, acorde a lo que le había manifestado el involucrado y que se comprobaría en los hechos el día jueves al concretarse la auditoría antes citada.
A su vez, el funcionario no solo admitió la sustracción de la importante suma de dinero, sino que trajo consigo un total aproximado a los 260 mil pesos que, ante los presentes, reintegró a la Tesorería. Fue en esas circunstancias que se labró un acta de los hechos acaecidos y el presidente los comunicó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, al tiempo que se les convocaba a reunión urgente para la tarde de ayer.
En ella, acorde a lo que sabemos, hubo un grupo de ediles –frenteamplistas y la representante colorada- que enfatizaron en desbrozar lo ocurrido a efectos de establecer la responsabilidad del caso, sin llegar a lesionar la ética y el honesto desempeño de los demás funcionarios involucrados.
Sumario administrativo
La Comisión de Asuntos internos –ver nota aparte- resolvió abrir un sumario administrativo al funcionario implicado, con lo cual queda automáticamente separado del cargo por los próximos seis meses, sin perjuicio de una mayor sanción que pueda corresponder.
Asimismo, solicitará al Colegio de Abogados de Paysandú la designación de un profesional en Derecho para que intervenga como sumariante.
Se pudo colegir, pese a las citadas diferencias internas, que no existe ánimo de politizar este asunto, ya que se trata de un funcionario público (solamente los secretarios de bancada son de confianza política) al que a su vez hay que dar derecho al debido proceso.
Sobre la problemática situación, en el plenario de la ayer solamente hubo un breve informe del presidente Machado, quien dijo que «el día miércoles a última hora tomamos conocimiento que había un faltante de dinero y habría un funcionario responsable de la sustracción».
«El día jueves el funcionario en forma verbal admite tal cosa ante la jefa de la oficina, la secretaria general (de la Junta Departamental) y mi persona».
«Ante ello nos ponemos en contacto con los contadores delegados del Tribunal de Cuentas, se hacen dos arqueos, se determina el faltante y se citó a la Comisión de Asuntos Internos para el día de hoy (ayer)», explicando luego las consecuencias antes citadas tanto en la esfera interna como ante la Justicia.
Posteriormente se inició la sesión ordinaria, retirándose el presidente Machado, quien se disculpó por asuntos familiares y siendo presidida en forma alternada por el primer vicepresidente, Nicolás Olivera, del Partido Nacional, y segunda vicepresidenta, Lilián Moreira, del Frente Amplio.

ASUNTOS INTERNOS RESOLVIÓ
EL SUMARIO ADMINISTRATIVO
El edil Ricardo Ambroa, del Frente Amplio, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Internos, confirmó que «oficialmente hoy (ayer) tomamos conocimiento de este hecho, aunque necesariamente nos informamos extraoficialmente el jueves cuando el presidente del cuerpo, Alejandro Machado, nos llamó para solicitarnos una reunión urgente (el día que sesiona la comisión es el martes).
Estuvo el presidente Machado, dejándonos el acta donde se relata lo ocurrido y el funcionario dice que sí, que cometió esa irregularidad».
En lo interno «las acciones administrativas están basadas en el decreto administrativo de la JD y, además, el decreto 500 para los funcionarios públicos. Lo que vamos a hacer es instruir un sumario y solicitar por oficio al Colegio de Abogados que defina un nombre (de profesional) como sumariante.
De acuerdo a estas normativas que vamos a aplicar está que se le suspenda preventivamente por 6 meses, con el cobro del 50 por ciento de su sueldo».
Un tema traumático
La secretaria de la comisión, edila Nilda Belvisi, del Partido Colorado, aseguró a EL TELEGRAFO: «la verdad es que este tema resulta bastante traumático para la Junta Departamental, son pocos funcionarios y la verdad que en esta persona se había depositado la confianza ya que estaba en un área contable que es muy sensible para cualquier institución o empresa. Todos sabemos que en el manejo del dinero hay que extremar los cuidados». «Hay que tener en cuenta que desde que llegamos a la banca en la Junta, hemos luchado por la transparencia y por la honestidad de todos en cuanto a los recursos que empleamos aquí. Por lo mismo, la Comisión de Asuntos Internos ha trabajado con celeridad y unas cuantas horas en el día de hoy (ayer) viernes. Fue así que se decidió el sumario administrativo porque en ello la comisión tiene total responsabilidad y hemos solicitado al Colegio de Abogados de Paysandú un profesional para que asesore y lleve adelante el sumario», agregó.