Locales | 09 Nov En nota concedida a EL TELEGRAFO el presidente de la Junta Departamental, Alejandro Machado, confirmó lo ocurrido en la Tesorería del cuerpo sin poder precisar aún si la maniobra se realizó en una o varias veces, lo que surgirá en el proceso sumarial encaminado por la vía judicial –ante su propia denuncia- y la investigación administrativa interna que será instruida por un profesional designado por el Colegio de Abogados de Paysandú.
Indicó Machado que «en la noche del miércoles, aproximadamente a las 23.15, recibí una llamada de la jefa del área contable informándome que un funcionario (disculpenme, no voy a dar nombres porque se está en presumario judicial) tenía un faltante de dinero de 340 mil pesos. Por la hora de la noche, decidimos cotejar que lo que le había expresado el funcionario a ella, fuera realmente así. Teníamos la presencia de los contadores del Tribunal de Cuentas que habían avisado la semana antes que vendrían y de hecho estaban desde el lunes en Paysandú realizando controles en la Intendencia. Los llamamos que vinieran el día jueves, aclarando debidamente que también habían estado el miércoles en la Junta. Ese día el funcionario (implicado) salió antes de que se hiciera el arqueo porque tenía que cumplir una gestión por la Junta y luego llama avisando que estaba en Comepa, porque se había sentido mal».
Añade que «el jueves, alrededor de las 16.30, en presencia de los contadores del TC, se les pone en conocimiento de la situación por parte de la jefa del área contable y de mi persona. Se hace el arqueo y da –efectivamente- un faltante. El funcionario, antes de que llegaran los contadores delegados, había devuelto esa tarde una parte del dinero (aproximadamente 260 mil pesos), lo que se les comentó. Después que se terminó el arqueo, sobre las 18.30 horas, se lo cita al funcionario y se le toma declaración, que bajo acta confiesa, como nos había dicho personalmente, haber retirado el dinero».
«Fue así que se decide convocar inmediatamente a la Comisión de Asuntos Internos, poniéndola en conocimiento de la situación. La comisión se reunió en la tarde de hoy (viernes) para tomar la resolución que creyera conveniente. Aclaro que el tema yo lo traté en la mesa (con el vicepresidente primero Nicolás Olivera y la vicepresidenta segunda Lilián Moreira) que se reunió en la tarde del jueves, así como el tema se trasladó a las tres bancadas», precisó.
Confirmó haber realizado la denuncia penal «en el Juzgado de 2º Turno, donde se encuentra en presumario y hay que tener en cuenta que ese presumario penal (culmina con el procesamiento o no de la persona denunciada) no es lo mismo que el sumario administrativo, que se realiza en la Junta a través de Asuntos Internos».
Preguntado por EL TELEGRAFO sobre la forma del retiro del dinero y si procedía de tiempo atrás, el presidente Machado señaló que «no se puede saber ahora y yo espero que eso se determine en el proceso sumarial, si fue en una sola o varias veces».
priorizar transparencia
Por su parte el presidente de Asuntos Internos, Ricardo Ambroa, añadió que «la comisión es celosa de la transparencia, no importa el nombre ni el color político que tenga el funcionario. Acá estamos en una función pública y si bien los ediles no son rentados, sí lo son los funcionarios, que tienen muy buenos sueldos, que se financian con parte del 3 por ciento del Presupuesto Quinquenal Departamental que solventa el dinero de la gente».
«Nosotros tenemos que aplicar la normativa vigente, que es muy clara. No importa lo de la inamovilidad de los funcionarios públicos, porque hay mecanismos expresos y claros –por ejemplo el decreto 500 del Poder Ejecutivo- para proceder. En lo que respecta a nuestra fuerza política, decimos ‘lamentablemente, aunque sea un compañero’, hay que aplicar la normativa vigente y, reitero, que en este caso no lo es, sino que se trata de un funcionario con veintidós años de carrera».
Ambroa confirmó que «el martes próximo Asuntos Internos tendrá que tratar otra cosa, absolutamente diferente –no tiene nada que ver con el faltante de dinero- respecto de una denuncia entre funcionarios referida a fotocopias y otros problemas de funcionamiento administrativo».
«En esto nada se ha resuelto aún, pero yo voy a dar mi opinión para asegurar las garantías del que denuncia y de las denunciadas, de que lo mínimo que se puede hacer es una instrucción sumarial y una investigación administrativa. También solicitando que el Colegio de Abogados provea un instructor para que sea algo totalmente objetivo», consideró.