Opinion | 10 Nov La fuerza de gobierno se apresta a votar en el Parlamento la Ley de Educación, tras lograrse un principio de acuerdo entre los sectores que integran la coalición de izquierdas para acelerar el proceso legislativo, respondiendo al planteo del presidente Tabaré Vázquez.
El último capítulo de este controvertido proceso lo constituyó la reunión entre el mandatario y una representación del Movimiento de Participación Popular (MPP), la que anunció en la oportunidad que cambiará su postura contraria a la reforma de la educación, solo con el objetivo de que haya una ley.
Este particular enfoque, que significa que la ley es mala, pero que es peor que no haya ley, indica el grado de discordia respecto a los términos de una iniciativa que ya es fallida, aún sin sancionarse, porque aunque pretendió reflejar las inquietudes y propuestas de la sociedad uruguaya en la materia, esta idea quedó solo en la intención, dado que lo que menos tuvo el proceso fue participación popular.
El diputado emepepista Pablo Alvarez manifestó a El Observador que «vimos la necesidad de bajarnos de nuestras posiciones en función de que haya una ley», lo que es considerado como una respuesta al pedido formulado la semana anterior por el presidente Tabaré Vázquez a la ministra de Educación y Cultura, María Simón, de que haya una Ley de Educación aunque fuera sin incluir los puntos polémicos referidos a la asignación de poder dentro de los organismos de la enseñanza.
El diputado dijo que sabe que con esta decisión que adopta el MPP, «el sector recibirá un montón de protestas gremiales y estudiantiles, así como la disconformidad en la interna», según consigna el matutino, teniendo en cuenta que las principales diferencias en la interna del Frente Amplio radicaban en la asignación de poder de los organismos que dirigirán la enseñanza.
Precisamente la mayoría de los sectores apoyaba la propuesta formulada por el Ministerio de Educación, para que el Codicen estuviera integrado por tres directores designados por el Poder Ejecutivo y dos nombrados por los docentes a través de elecciones internas, pero el MPP y el Partido Comunista pedían que los organismos tuvieran autonomía total del poder político, por lo que proponían que los cinco directores fueran nombrados por el orden docente, estudiantes y padres, a través de elecciones directas.
Este planteo delirante está en sintonía con la distorsión con que desde el vamos se planteó el proceso «participativo» para la redacción de esta ley de educación, que a la vez representa una gran improvisación de la fuerza de gobierno, que se suponía llegaba al poder ya con una propuesta seria y por lo menos semielaborada para el sector.
En cambio, promovió asambleas para que los ciudadanos propusieran la educación que querían, para encontrarse que en estas asambleas los padres de alumnos y el ciudadano común estuvieron ausentes, y que en cambio las reuniones fueron «copadas» por los gremios docentes y activistas, con planteos que de ninguna forma fueron al fondo de los graves problemas que atraviesa la educación, y que en cambio centraron toda la discusión en quién debería tener el poder dentro de la enseñanza, como si todo se resolviera por esta vía.
Claro, la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo, y la izquierda, que ha tenido en los sectores de la enseñanza un punto fuerte de apoyo, se encontró con que lo que se proponía era dejar todo como está, sin nada serio que ofrecer a la ciudadanía, pero sí una asignación de cuotas de poder en los organismos rectores, dejando afuera al poder político, que precisamente es el que representa la opinión de todos en un régimen de democracia representativa de gobierno, como el que nos rige.
Una burla inadmisible, cuando todos sabemos el grado de retroceso que afecta a la enseñanza en sus respectivos niveles, con un cuerpo docente de muy baja calidad y con una fuerte degradación de valores en los educandos, que se traducen en deserción, elevados índices de repetición y una formación que salvo excepciones, resulta absolutamente precaria para el ingreso al mercado laboral y a las actividades profesionales.
Y sería un acto de irresponsabilidad que se entregue la enseñanza a los sindicatos de docentes y funcionarios, que tienen razón de ser para planteos salariales y otras reivindicaciones de quienes trabajan en el sector, pero a los que no debe dárseles la oportunidad de convertir a los organismos de la enseñanza en un mero ámbito de decisión para obtener ventajas.
Al poder político, el que nos representa a todos, es a quien corresponde la conducción de los organismos rectores de la educación, por más berrinches que armen quienes asumieron de entrada que se les abría un camino directo hacia el poder, que parece ser lo único que les interesa.