Opinion | 07 Nov Si el presidente de la República pretendió despejar alguna duda o dejar por lo menos más o menos claro cuál es su postura respecto al movimiento reeleccionista que promueven sus allegados, ha logrado precisamente lo contrario con sus recientes declaraciones tras el Consejo de Ministros de Trinidad, y parece hecho a propósito, pues de otra forma no habría logrado confundir tanto a quienes procuran desentrañar lo que quiso decir.
Con un «así como te digo una cosa te digo cualquier cosa», podría interpretarse esta «explicación», parafraseando la frase con que explica sus contradicciones el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, ahora claramente enfrentado al mandatario por la candidatura presidencial de la fuerza de gobierno.
Y por si alguien pretendía tener la certeza a través de la palabra presidencial, seguramente ha quedado más confundido sobre cuál es su pensamiento o al menos el propósito de Vázquez: solo admitió que va a tener al respecto un «profundo y prolongado silencio» (un PPS, como lo definió), lo que contrasta evidentemente con lo que manifestó cuando una y otra vez fue preguntado al respecto, e incluso anunció públicamente que no se iba a postular para un segundo mandato, inconstitucional por supuesto.
Pero como sus allegados parecen tomar con pinzas la palabra de su líder y no profesan especial simpatía por los dos precandidatos en danza, Danilo Astori y José Mujica, pretenden forzar la mano y hacerle cambiar de opinión (suponemos porque no se sabe cuál es) sobre su eventual postulación, con hechos consumados, es decir la presentación de unas 250.000 firmas para reformar la Constitución «a medida».
¿Qué piensa Vázquez al respecto? Conseguir 250.000 firmas no debería representar ninguna dificultad para una fuerza política que desde su creación en 1971 ha promovido y se ha «enganchado» en cuanto plebiscito se ha planteado y apostado a la movilización contra leyes ya vigentes. Mucho menos habría problemas en obtener las firmas de la masa frenteamplista, si se trata de que los votantes cierren los ojos y crean que es posible hacer que su líder pueda postularse, mediante una reforma constitucional. Quiere decir que presentarle 250.000 o 300.000 firmas al presidente para «convencerlo» sería como llover sobre mojado, desde que serían muy pocos seguramente los frenteamplistas en desa- cuerdo con este planteo, y no habría en realidad ningún nuevo escenario que lo haga reflexionar.
Ocurre que la fuerza de gobierno tiene un serio problema interno que no ha podido procesar a través del diálogo entre sus líderes, tampoco entre los sectores, y apunta a trasladar la decisión al congreso de diciembre, cuando el consenso seguramente será imposible de lograr.
También hay grupos como el Partido Comunista, que no quieren por nada del mundo convocar a una elección interna para elegir el candidato, como establece la norma constitucional y como hacen todos los partidos, que trasladan la decisión a su masa de votantes. Es que el Frente Amplio, a través de sus sectores tradicionales, sigue promoviendo el «consenso», un imposible cuando se plantea la fórmula Astori - Mujica y nadie se pone de acuerdo en el orden de los candidatos.
La solución para el trasnochado movimiento es que uno de los dos haga las veces de Juan María Bordaberry con Jorge Pacheco Areco, cuando en 1971 los dirigentes de izquierda por unanimidad gastaron ríos de tinta para oponerse a la reforma constitucional con nombre propio y a la propia figura de la reelección en sí.
Peor aún, ni siquiera tienen cuenta —todo indica que no les importa— que a través de este mecanismo de reforma constitucional, ante la urgencia de postular a Vázquez, se esté violando la Carta Magna, que obliga a que los partidos presenten en octubre un candidato único que surja de elecciones internas.
En esta confusión, este cerrar los ojos e «ir para adelante» a lo que salga, ya sea para realmente procurar la reelección o forzar que se pongan de acuerdo en el Frente Amplio, pierden el país, el sistema político y los ciudadanos, que no tienen por qué ser involucrados en pleitos ajenos, como si el problema de la fuerza de gobierno no fuera exclusivamente relativa a la disputa interna de poder, como realmente es. Aunque se pretenda disfrazarlo con argumentos delirantes en los que ya nadie cree.