Opinion | 08 Nov En otra maratónica sesión e incluso con la amenaza de un obispo de excomulgar a los legisladores que levantaran la mano para aprobar el proyecto de ley, la Cámara de Diputados aprobó por solo un voto de diferencia —49 a 48— el proyecto de ley de Salud Reproductiva, que ha sido estigmatizado como el de despenalización del aborto, y que por esta precisa causa ha dividido las aguas ente los presuntamente «abortistas» y los «defensores de la vida».
Con demostraciones en las afueras del Palacio Legislativo e incluso presencia en las barras —que en determinado momento debieron ser desalojadas— los legisladores fueron sometidos a presiones internas y externas en un tema controvertido y que en realidad no está bien planteado desde que se lo sitúa como una alternativa entre abortistas y antiabortistas, como si de un día para otro se introdujera la figura del aborto en el Uruguay.
Nos parece un simplismo y más aún, un acto de hipocresía poner el asunto en estos términos, desde que no solo plantea confusión a la ciudadanía sino que se está respondiendo solo a efectos de una situación que nunca debió darse, y que es precisamente el embarazo no deseado, leit motiv del problema.
Estamos por lo tanto ante un aspecto insoslayable para este pronunciamiento, que pasa por un lado por ubicarnos en la realidad de un país en el que se practican decenas de miles de abortos al año, un alto porcentaje de los cuales culmina con la muerte de una mujer que es atendida en clínicas clandestinas, por personas que no son profesionales, y que resultan víctimas de infecciones y traumas serios.
Estas víctimas provienen todas de sectores sociales de bajos recursos que caen en manos inescrupulosas, en tanto en el otro extremo, las mujeres de familias de otros ingresos económicos acuden a clínicas con todas las garantías, donde también se les interrumpe el embarazo, con las debidas previsiones y tratamientos.
Nadie que viva en este país ignora ese aspecto, pero sin embargo hay legisladores y organizaciones que lo soslayan a sabiendas, para pronunciarse en base a un ideal que no existe, planteando directamente que se pretende incorporar la figura del aborto al Uruguay y por ende conspirando contra la vida.
También parecen creer —o por lo menos así lo transmiten— que a partir de la aprobación de la ley, se masificaría la práctica del aborto, al dar bandera libre por la vía de su despenalización, cuando en los hechos apenas se está tendiendo a sincerar lo que se pretende ocultar con hipocresía y que todos sabemos está ocurriendo desde hace décadas, con desgraciadas consecuencias para mujeres de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Por supuesto, la penalización logra a la vez el resultado inverso del que se pretendía obtener, es decir evitar las prácticas abortivas, porque éstas son consecuencia de embarazos no deseados, por déficit en la educación o situaciones que se dan en la vida que resultan inevitables. Al quedar involucrados todos los que intervienen en el aborto como pasibles de procesamiento, en realidad nadie que participe directa o indirectamente denuncia el hecho, que trasciende cuando ya no hay remedio.
Tampoco es de recibo que se pretenda hacer creer que la despenalización prohíja conductas libertinas, como si la decisión de abortar —clandestina o legalmente— fuera una cosa menor, y la madre y su familia no se enfrentaran en todos los casos a dilemas y situaciones desgarrantes que signan por toda la vida a sus protagonistas.
Los uruguayos debemos despojarnos del cómodo manto de hipocresía con que pretendemos eludir responsabilidades que en una u otra medida tenemos todos, por acción o por omisión en tantos aspectos de la vida diaria, sin igualmente dejar de considerar legítimas creencias religiosas y principios con que se perciben estas situaciones desde afuera, pero sin vivir el drama de quienes se ven expuestos a encrucijadas para las que no hay una buena solución.
Es valedero entonces que a través de la controvertida ley, que dista de ser perfecta y tampoco va a solucionar las causas del problema, por lo menos se atienda una de las consecuencias más injustas de una legislación que ha quedado desvirtuada por la realidad, y que castiga a los sectores de menores recursos y marginados de nuestra sociedad.