Locales | 13 Nov En la sesión del viernes anterior se aprobó con el voto de la bancada oficialista, la anuencia de la Junta Departamental al intendente Julio Pintos para realizar una transacción por una deuda de contribución inmobiliaria rural que superaba los 41 millones de pesos. La bancada del Partido Nacional se opuso a dicha anuencia, fundamentando el edil Carlos Uslenghi —lista 36-- esa negativa en una situación que retrotrae al cuerpo deliberativo a lo que reiteradamente ocurriera en el comienzo del presente período quinquenal. Recordó en principio que «esa deuda ascendía exactamente a $41.218.803, lo que traducido a dólares eran U$S 1.800.000 y se transó por U$S 250.000, recuperando la Intendencia solo el 14% del total adeudado». Acotó que «en 2002 la administración del Partido Nacional había intimado el pago de lo adeudado a la fecha (a ese contribuyente) y dictó la resolución que le sirvió a la actual Intendencia para poder iniciar el juicio ejecutivo tributario, obteniéndose la correspondiente traba de embargo». Dijo que «durante años el Frente Amplio, hoy oficialismo, exigía la presentación de la lista de los grandes deudores de contribución inmobiliaria y señalaban que hasta obtener la sentencia de remate no pararían. Ahora que se encuentran en ejercicio del gobierno departamental, hacen lo opuesto perdonando a los grandes deudores del Municipio y haciendo gala —en consecuencia-- del doble discurso: dijeron una cosa cuando eran oposición y ahora que son gobierno hacen lo opuesto».
aumento desmedido
El edil nacionalista consideró también lo que a su entender fue un «aumento desmedido que tuvo la contribución inmobiliaria en el departamento de Paysandú en el año 2006, con la aplicación de los nuevos valores catastrales, lo que repercutió sensiblemente en la economía de los sanduceros. Un aumento que fue mal aplicado por el ejecutivo departamental, ya que no se solicitó la anuencia de la Junta como lo establecía el artículo 84º del Presupuesto Quinquenal Departamental 2000-2005, entonces en vigencia. Esta incorrecta aplicación de los nuevos valores catastrales ameritó una consulta del Partido Nacional al Tribunal de Cuentas de la República, el cual nos dio la razón en el sentido de que se debió haber requerido la anuencia de la Junta Departamental para la aplicación de las alícuotas».
Uslenghi añadió que «tampoco debemos olvidar que un nuevo acto de disminución de beneficios a los buenos pagadores este año, ocurrió cuando el Ejecutivo acortó el plazo que contaban para pagar al contado el monto anual de los tributos municipales. Sistema de ‘pronto pago’ que había sido creado por la administración nacionalista. La bancada del Partido Nacional se opuso a la medida de acortar el plazo para ese pago contado, que pese a todo se aprobó con los votos del oficialismo y del Partido Colorado».