Nacionales | 13 Nov El presidente Tabaré Vázquez firmará en la reunión del Consejo de Ministros, el próximo lunes, el veto al capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias. Si bien cuenta con el apoyo de dos ministros, pedirá la firma de todos los secretarios de Estado.
El Parlamento aprobó el martes un histórico proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluye la despenalización del aborto, en medio de amenazas de veto presidencial y duros cuestionamientos de la Iglesia Católica. El texto fue sancionado en su totalidad en el Senado por 17 votos en 30, con las adhesiones del Frente Amplio, y pasará en las próximas horas al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.
La iniciativa habilita a la mujer a «decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez» alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. Asimismo, contempla la interrupción por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.
Fuentes políticas confiaron a radio «El Espectador» que el mandatario, que ya tiene dos firmas de ministros aseguradas, le pedirá a todos sus secretarios de Estado que acompañen con su rúbrica el veto, cosa que aceptarán.
Los informantes dijeron a la emisora que gran parte de los ministros se muestra en desacuerdo con tener que firmar el veto pero dejaron en claro que si el presidente se los pide no les deja otra opción. «Si no acepto me tengo que ir a mi casa», dijo uno de los ministros consultados.
Según los informantes, Vázquez prefiere pedir la firma de todos sus ministros ya que de esa forma ninguno quedará expuesto o comprometido, y así no habrá diferencias en el seno del gabinete. Los dos ministros con los que ya cuenta Vázquez para firmar son María Julia Muñoz y Héctor Lescano.
«La Ley de Salud Sexual y Reproductiva contiene elementos muy positivos que se deben rescatar, pero existen otros, con los que filosófica y biológicamente no estoy de acuerdo y por lo tanto serán vetados», aseveró Vázquez hace un año. En tal caso, la Asamblea General requiere de una mayoría de 3/5 para levantar el veto.
Por su parte, la Iglesia Católica reaccionó con «profundo malestar» luego de anunciar que quienes promuevan o voten una ley favorable al aborto incurren en «falta grave» y «rompen su vínculo con Cristo», mientras que aquellos que intervengan directamente en la interrupción del embarazo serán «excomulgados».
La aprobación en el Senado «es una noticia de lamentar, por lo que solo queda esperar el cumplimiento de lo anunciado por el presidente Vázquez», indicó el secretario de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Luis del Castillo.
El sacerdote sostuvo que «autorizar el aborto de forma indiscriminada equivale a dar permiso a cualquier ciudadano a hacer justicia por mano propia, con lo cual se estaría generalizando la pena de muerte, en un país cuya legislación no la consagra».
Bajo esta escenografía, coincidente con las primeras manifestaciones de activistas a favor y en contra de la legalización del aborto por las calles de Montevideo, el país aguarda con indisimulado suspenso la posición que adopte el mandatario. Una reciente encuesta de la empresa Interconsult señala que el 57% de los uruguayos aprueba el aborto, 42% está en contra y 1% dice no tener posición sobre el particular.
GOBIERNO RESPONDE SOBRE NUEVOS INGRESOS AL ESTADO
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, sostuvo que los nuevos ingresos en la función pública responden a la regularización de becarios y pasantes que ingresaron en anteriores gobiernos. Cuestionó manifestaciones de la oposición que sostienen que hay que suprimir 10.000 cargos de funcionarios públicos creados en la última Rendición de Cuentas. Enfatizó que esta afirmación no responde a ninguna información objetiva, ya que en este período, los presuntos ingresos respondieron a la regularización de becarios y pasantes, situación heredada por el gobierno actual.
Asimismo, señaló que los nuevos ingresos se han originado en funciones públicas de carácter social, por lo cual se incrementaron la cantidad de docentes, para disminuir el número de alumnos por clase, y en la Policía, para atender mejor a la seguridad pública.