Locales | 14 Nov El presidente de la Junta Departamental, edil Alejandro Machado, confirmó que se ha avanzado en la preparación del sumario interno a realizar al funcionario responsable del faltante de una gruesa suma de dinero. Este, como se informa en primera página, fue procesado por el delito continuado de fraude, con el sistema alternativo que –en este caso- determina su presentación durante seis horas por día, tres veces a la semana, en la comisaría seccional durante los próximos 90 días.
En la sede judicial de 2º Turno el funcionario no solo reiteró su confesión de responsabilidad, sino que demostró su decisión de colaborar con la Justicia: se presentó de motu propio el día lunes. La citación para la audiencia correspondiente estaba prevista para ayer jueves en hora de la tarde –cosa que se hizo- con la presencia del presidente de la Junta Departamental, quien corroboró la denuncia presentada, la secretaria general del cuerpo deliberativo y la jefa del área financiera contable. Desde luego que también el imputado, quien ingresó a posteriori.
La magistrada actuante, doctora Blanca Rieiro calificó la situación como ‘atípica’, dado que el involucrado devolvió parte del dinero y expresó su voluntad de reintegrar el resto – 72 mil pesos- con la liquidación de sus haberes una vez concluído el sumarjo administrativo, puesto que quienes cometen delitos económicos suelen aceptar el procesamiento sin otras alternativas.
inicio del sumario
Paralelamente la Comisión de Asuntos Internos siguió la preparación del sumario administrativo que será realizado por un profesional del Colegio de Abogados de Paysandú, que ya ha comunicado tres nombres a la Junta Departamental. De ellos se elegirá uno a efectos de que inicie el trabajo respectivo en forma inmediata.
Como es sabido, para este tipo de investigación interna de un funcionario público se dispone de un plazo de 6 meses en que el imputado permanece separado del cargo y cobra el cincuenta por ciento de su sueldo mensual. Al cabo de ese plazo –aunque puede ser antes- debe expedirse el sumariante, sugiriendo lo que sea menester, ya fuere el despido o el reintegro del funcionario investigado.
La novedad surgida es que se ha dispuesto una auditoría del área financiera contable –oficina de Tesorería y demás- para deslindar responsabilidades. Esto fue confirmado por el presidente Machado, añadiendo que «de esta forma se determinará como fue la irregularidad en su totalidad y si no hay otras personas implicadas, para deslindar toda responsabilidad sobre el tema». La auditoría será contratada por la Junta y, desde luego, sus resultados puestos en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la República. en conocimiento de la mesa
Machado refirió a los dichos de un edil nacionalista respecto de la manera en que se procedió en torno de estos hechos: «hay dos posibilidades, una denuncia policial y otra penal. En la primera se convoca a la Policía y luego todo va al Juzgado; con la denuncia penal directamente se abrevia el camino. Además en este caso el funcionario admitió la situación a su jefa y al tener todos los elementos con la confesión de los hechos incluso, me pareció lo más correcto presentarlo en sede judicial. Generalmente estos casos se presentan directamente en la sede judicial».
En otro orden, dijo «discrepo con el edil (Ramón Appratto) a pesar de que tiene derecho a decir que se puede concurrir a la Policía, pero inclusive lo consulté en la mesa (que integra además un edil del Partido Nacional) y se que hay ediles de esa bancada que están de acuerdo con el procedimiento que se hizo. Se coordinó eso (denuncia) y la convocatoria al día siguiente de la Comisión de Asuntos Internos para que se le iniciara el sumario».