Opinion | 11 Nov La mayoría de las intendencias del país renunciaron al derecho de preferencia para la compra de predios que les otorga la Ley de Ordenamiento Territorial para no generar demoras en las transacciones.
La normativa establece que antes de concretar cualquier compra–venta entre particulares, los interesados deben «ofrecer» el inmueble primero a los municipios.
Sin embargo, aunque el texto de la ley es claro en cuanto a que «las disposiciones se aplicarán a partir de su publicación, aunque aún no estén aprobados los instrumentos de ordenamiento territorial», ante la ausencia de planes de ordenamiento territorial y otros temas —como los presupuestales— las comunas están renunciando a la preferencia.
El intendente de Lavalleja, Herman Vergara, explicó al programa En Perspectiva que tomaron esa decisión para «no burocratizar las transacciones naturales de los bienes».
El problema es que muchas comunas carecen de planes directores y de ordenamiento territorial que fijen determinados predios como de su interés. La inexistencia de esa información y establecimiento de prioridades se combina con otra cuestión insoslayable: a ninguna intendencia le sobra el dinero como para comprar aquello que no sabe si necesitará. Es más, lo usual es que apenas tengan para lo que necesitan.
«La situación es la siguiente: nosotros no podemos burocratizar una situación que puede y debe estar trancando seguramente las transacciones y la circulación natural de los bienes que se hace a través de profesionales escribanos. Nosotros no tenemos posibilidad de comprar porque, en primer lugar, para comprar tiene que ser un bien que realmente lo estemos necesitando. En este caso sí optaríamos por esa preferencia, pero debe ser un caso en mil», dijo el jefe comunal que admitió que su intendencia no está preparada para adherirse a la Ley de Ordenamiento Territorial y tampoco sabe cuándo estará en condiciones para hacerlo.
Evidentemente, la situación no es exclusiva de Lavalleja y la realidad indica que este aspecto de la nueva ley es lisa y llanamente inaplicable. Una prevención que tomó el legislador pero que no está en sintonía con la realidad.