Nacionales | 14 Nov El denominado Gabinete Productivo comenzó el análisis de posibles medidas de gobierno para asistir a los sectores industriales afectados por la crisis financiera internacional. La Cámara de Industrias, por su parte, reclama beneficios para el sector.
En el encuentro participaron los ministros de Industria, Daniel Martínez, de Ganadería, Ernesto Agazzi, y de Economía, Álvaro García. «Lo que hicimos fue comenzar a evaluar medidas. No tenemos ninguna medida específica a comunicar. Sí estamos manejando algunas alternativas», dijo Martínez, quien aclaró que se debe analizar el impacto de las posibles medidas en los diferentes sectores que están siendo afectados por la crisis.
«Seguimos realizando contactos con las diferentes cámaras, sobre todo las de aquellos sectores que hoy por hoy están teniendo algún tipo de problema. Por suerte, no son mayoritarios», señaló. Añadió que el gobierno busca medidas que «tengan un impacto real en los sectores que eventualmente puedan tener problemas de competitividad».
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, se reunió por separado con empresarios y trabajadores para informarles sobre las medidas que evalúa el gobierno ante la crisis internacional. Desde la Cámara de Industrias ya se pidieron beneficios para el sector.
El presidente de la Cámara, Diego Balestra, señaló que, ante la situación internacional actual, «habrían que pensar seriamente en volver a poner esos estímulos que se sacaron».
PRESIDENTE VETÓ LOS TRES CAPÍTULOS SOBRE ABORTO
El presidente Tabaré Vázquez vetó los capítulos de despenalización del aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada recientemente, con las firmas de los ministros de Salud Pública, María Julia Muñoz, y de Turismo, Héctor Lescano. El veto no cuenta con votos en la Asamblea General para ser levantado.
Vázquez tenía diez días para enviar la observación, y si bien fuentes del gobierno habían asegurado que el mandatario procuraría el apoyo de todos los secretarios de Estado el próximo lunes en el Consejo de Ministros, firmó el veto en la víspera.
A partir de la aprobación de la ley se especuló con el día en que Vázquez firmaría. Una vez vetada la ley, si existe voluntad por parte del Poder Legislativo de levantar la observación, se requerirán 3/5 de componentes de cada Cámara reunidos en Asamblea General, es decir al menos 18 senadores y 60 diputados, lo cual se hace bastante difícil de lograr.
En caso de que la Asamblea General no rechazara expresamente la observación del Poder Ejecutivo, a los 30 días de la primera convocatoria al cuerpo legislativo para pronunciarse, el veto quedará automáticamente confirmado, según lo establece la Constitución.
Sin embargo, la Vertiente Artiguista presentó ante la mesa del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio la posibilidad de que se convoque a un plebiscito sobre el tema.
El veto se aplica a los capítulos II, III y IV. El artículo 9 del capítulo II explicita: «En el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez». Según el artículo 10, la interrupción voluntaria del embarazo se efectuaría si la mujer alega ante su médico circunstancias tales como «penuria económica, sociales, familiares o etarias». La ley indicaba que la mujer debía firmar un consentimiento previo informado.
CASMU: PROCURAN QUE
FUNCIONARIOS COBREN
Con relación a las negociaciones que vienen llevando adelante el Ministerio de Salud Pública y la mutualista Casmu de Montevideo, la ministra María Julia Muñoz confirmó que se fijó una reunión para hoy, de acuerdo con el proceso de conversaciones iniciado. Señaló que la salida a la situación que atraviesa el Sindicato Médico está en sus manos, ya que el ministerio le hizo entrega de las pautas requeridas por éste en reciente reunión celebrada en el Ministerio de Economía. Una vez cumplido ese requisito, se le otorgaría un primer préstamo para los salarios. Posteriormente, sería necesario efectuar un ajuste, que debe procesarlo el propio sindicato, indicó Muñoz.
La ministra puntualizó que el concordato por el que ha optado el Sindicato Médico no está en la línea de lo que se venía conversando, lo que implica un cambio de las reglas de juego sobre las que se venía negociando.
El gobierno entiende que los trabajadores no deben ser rehenes de la situación y que ellos deben cobrar sus sueldos. El salario de los trabajadores debe pagarse, por lo cual el gobierno garantiza que hará los esfuerzos necesarios para que hagan efectivo sus haberes lo antes posible, agregó Muñoz.
En relación al mantenimiento de la atención a los pacientes que deben operarse, la ministra confirmó que existe la garantía de que todo paciente, una vez realizado el diagnóstico, debe ser intervenido en un plazo máximo de seis meses.
DERECHO A ACCEDER A
INFORMACIÓN PÚBLICA
Con la aprobación de la Ley 18.381, que garantiza el acceso a la información pública de todas las personas, Uruguay da cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Junto a la Ley de Base de Datos Personales y al proyecto de Ley sobre libertad de información, constituye un importante avance democrático, expresó el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini.
Si bien nuestro país había aprobado en marzo de 1985 lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, aún no existía la normativa legal necesaria para el cumplimiento de la disposición que establece la libertad de acceso a la información pública de todos los ciudadanos, sin expresión de causal.
El Pacto de San José de Costa Rica garantiza el derecho de toda persona al acceso a la información pública y a la determinación por ley, de parte de los Estados, de los mecanismos para su acceso, identificando los datos que requieran ser resguardados según causas específicas.
La Ley 18.381, aprobada el pasado 17 de octubre, reglamenta y hace posible que todas las personas accedan a la información pública. Por otra parte, exige al Estado proporcionar esa información, ya que la gran mayoría de la misma está en poder de la Administración Pública. Por lo tanto, constituye un gran elemento de transparencia, agregó Michelini.
Además, promueve la transparencia de la función administrativa de los organismos públicos y garantiza el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública para todas las personas. Este derecho implica que no es necesario justificar las razones por las cuales se solicita la información. La aprobación de esta ley, sumada a la Ley de Base de Datos Personales y al proyecto sobre libertad de información, constituye un avance democrático muy importante en cuanto permite que nuestro país garantice el ejercicio de las personas a expresarse públicamente y buscar información y que sus datos estén bajo las reservas de confidencialidad requeridas, según expresó el subsecretario.