Locales | 17 Nov Desde hace más de dos años y medio y debido al conflicto binacional entre Argentina y Uruguay por la instalación de Botnia en Fray Bentos, se ha cortado el registro histórico de la calidad del agua del río Uruguay cuyos datos se obtenían del Programa de Prevención y Control de la Contaminación (PROCON), inciado en 1987 y que formaba parte de las funciones que históricamente había desarrollado el organismo en toda el área bajo su jurisdicción.
La CARU había definido también un Plan de Monitoreo de la calidad ambiental del río en las áreas de plantas de celulosa (PROCEL) el cual a pesar de contar en su momento con asignación presupuestal tampoco se está desarrollando debido al conflicto binacional. Había sido rubricado por los ex cancilleres Rafael Bielsa y Didier Opertti en marzo de 2004 y apuntaba a establecer una línea de base previa al inicio de la operación de los emprendimientos celulósicos en Uruguay. Si bien el Procel fue realizado durante 2005, el endurecimiento del conflicto y la oposición de la delegación argentina en la CARU fueron las determinantes de la suspensión de la campaña correspondiente al año 2006, por lo que el gobierno uruguayo asumió a su costo y en forma unilateral —debido a la negativa argentina— el monitoreo de la calidad de agua en la costa uruguaya del río en la zona de influencia de Botnia, en Fray Bentos.
A partir de ese momento, instituciones nacionales como el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (OSMA), la Prefectura Nacional Naval -que brindan apoyo logístico-, la Dinara -que se ocupa de toda la parte de biota del río- y la DINAMA, que se encarga de las muestras para el control de la calidad del agua, son los responsables de los controles, que se circunscriben únicamente a la zona de Fray Bentos.
Lo insólito es que debido a la controversia, la CARU esté imposibilitada de hacer cualquier tipo de control de calidad de aguas de la represa de Salto Grande hacia el Sur, razón por la cual tampoco se tomarán muestras en el trayecto del río frente a Paysandú y Colón –a pesar que ambas ciudades cuentan con concurridos balnearios— para controlar las situación de las floraciones algales comúnmente denominadas «verdín», centrándose estos controles en el área de jurisdicción correspondiente al organismo ubicada al Norte de Salto Grande.