Opinion | 15 Nov Hace pocas horas se registró en Montevideo un nuevo caso en el que un comerciante abatió a tiros a un rapiñero que puso en riesgo a su familia cuando pretendía consumar un robo, en un incidente que sucede a otros tres en poco más de un mes, de similares características.
En estos episodios el común denominador, además del asalto, ha sido el de la violencia «agregada» al acto delictivo, que intenta consumarse mediante el uso de un arma apuntada contra el hijo u otros integrantes de la familia, lo que lejos de intimidar a la víctima, la ha hecho reaccionar temerariamente abriendo fuego contra el delincuente.
En todos estos incidentes, el malviviente ha sido ultimado o herido, y han resultado ilesos o con escasas lesiones las víctimas potenciales, lo que es positivo, pero igualmente debe analizarse el grado de deterioro de valores en que nos encontramos y la tragedia que pudo haberse desatado si las cosas se hubieran dado de otro modo.
¿Puede extrañar una reacción de esta magnitud de personas que viven de su trabajo, de vida pacífica, y que solo pretenden ganarse la vida honradamente? Pues no, tal como se han venido dando las cosas, desde que el ciudadano se siente indefenso ante la violencia desatada por antisociales, sobre todo menores, a los que no les importa siquiera su propia vida ni el método a que sea necesario apelar para conseguir sus objetivos.
Y cuando el hombre común percibe que en un instante se llevan los ahorros de toda su vida, o lo dejan sin nada para poder seguir trabajando, y encima apuntan un arma a sus seres queridos, no puede extrañar que se genere una reacción espontánea y sobre todo de gravísimo riesgo para a quien empuña un arma de fuego contra los agresores, lo que podría a la vez traer consecuencias fatales para la familia que procura proteger. A este grado de distorsión se ha llegado porque el Estado, sobre todo con el actual gobierno, no da respuestas al ciudadano y no se ocupa de darle la seguridad que reclama, porque no figura entre sus prioridades, aunque la ministra del Interior busque una y mil excusas para explicar por qué no se hace lo que se debe hacer.