Opinion | 16 Nov Esta vez el presidente Tabaré Vázquez tuvo la coherencia que no ha puesto de relieve en otras oportunidades y además fue expeditivo: en menos de lo que canta un gallo y sin especular, interpuso el veto a tres artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en las disposiciones que tienen que ver con la controvertida despenalización del aborto, argumentando convicciones personales y éticas.
En esta instancia, el veto fue aplicado ipso facto, sin consultas y ni siquiera audiencias a sus ministros y dirigentes de la fuerza de gobierno, lo que tuvo por lo menos el lado positivo de no sumir a la ciudadanía en la incógnita respecto a lo que podía pasar con este tema, lo que hubiera implicado pronunciamientos sucesivos e interminables argumentaciones a favor y en contra. Si el presidente ya lo tenía decidido, hizo bien por lo menos en hacerlo cuanto antes.
Pero naturalmente, el fondo del asunto es que el veto implica dejar todo como hasta ahora: una ley que penaliza el aborto, que data de la primera mitad del siglo pasado, y que ha sido probadamente ineficaz para cumplir con el presunto objetivo de disuadir la práctica de la interrupción del embarazo, y por contrapartida, ha colocado como víctimas a las mujeres de los estratos más pobres, que haciendo caso omiso de la penalización se someten a prácticas abortivas por personas inescrupulosas, sin ninguna atención profesional y ser pasibles de sufrir infecciones, consecuencias traumáticas y a menudo la muerte. Por lo tanto, el manido argumento de grupos activistas opositores de que se «defiende la vida» manteniendo la ley tal como está, es una falacia que ha quedado harto demostrada, y no es más que un acto de hipocresía que pretende ignorar una realidad que nos sacude todos los días. La norma vigente implica que seguirá condenándose a muerte a decenas de mujeres en los próximos años, si es que no hay marcha atrás, porque se han antepuesto valores en blanco y negro, cuando la vida misma nos indica que los extremos no existen y que solo hay matices de gris.
La penalización no ha servido como elemento disuasivo, y los dramas familiares y personales que implican el embarazo no deseado y situaciones sociales desgraciadas, determinan que la ley sea simplemente un eufemismo legal que en los hechos perjudica a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, porque mientras las mujeres de sectores marginales sucumben en manos de curanderos y «clínicas» de oportunistas, quienes pueden pagar lo hacen en clínicas donde son bien atendidas y no sufren las consecuencias de la marginación.
Por lo tanto, con y sin despenalización, seguirán practicándose abortos en nuestro país, solo que la diferencia radicará entre la expectativa de calidad de vida de quienes sin tener recursos, podían ser sometidos a intervenciones quirúrgicas sin riesgos por la ley ahora vetada, y la situación de quienes sigan cayendo en manos inexpertas como consecuencia de mantenerse la penalización, desde que el drama del embarazo no deseado no se evitará, aunque se pretenda ignorarlo.
Es decir, que el aborto es una decisión siempre dramática, en la que se sopesan varios factores y sentimientos en conflicto, que causan profunda conmoción en quienes se ven enfrentados a este callejón sin salida, aunque los opositores a la despenalización lo presentan como si la ley posibilitara que fuera poco menos que como sentarse en la silla del dentista.
Por cierto, no hay solución buena cuando se plantea esta desgarrante situación, y el desafío para los uruguayos con el sistema político a la cabeza, es el promover la educación y la erradicación de determinadas situaciones socioeconómicas que son caldo de cultivo para llegar a esta encrucijada.
Pero mientras tanto, insistir con que la alternativa es entre la defensa de la vida y la de quienes están contra ella, es una falsa oposición y un burdo intento de confundir las cosas para pretender justificar que en realidad no se haga nada valedero precisamente en favor de la vida.
Y en el plano político, la cosa va por carriles diferentes, al darse el contrasentido de un presidente que vetó lo que ha resuelto su bancada parlamentaria por unanimidad, y se ha alineado en este caso con la oposición, haciendo gala de un liderazgo cada vez más cuestionado en su fuerza política, y lo que es peor, sin ofrecer alternativas a esta mala legislación vigente.