Opinion | 19 Nov Ya con anuncios de conflictividad de los gremios del sector, el proyecto de Nueva Ley de Educación elaborado por el gobierno pasa a la Mesa Política del Frente Amplio para un posterior debate parlamentario, en lo que constituye uno de los devaluados buques insignia de la fuerza de gobierno, que además tiene en la enseñanza un bastión.
A primera vista podría resultar extraño que la coalición de izquierdas presente una iniciativa que lejos de contar con el respaldo de los gremios tradicionalmente aliados, sea motivo de confrontación al no ajustarse a la expectativa que se habían forjado docentes y funcionarios cuando se anunció la participación a través del aporte de ideas para incorporar a la ley.
Las asambleas ciudadanas convocadas para que fuera un ámbito adecuado para conocer cuál era «la educación que queremos los uruguayos» fueron un gran fiasco.
Solo sirvieron para que activistas y las corporaciones representadas en los gremios transmitieran su visión de lo que debería ser la enseñanza, dejando a un lado el aspecto educativo para centrarlo en la búsqueda de cuotas de poder y reclamos de mejoras para quienes trabajan en el sector. Por supuesto, están en su derecho de reclamar lo que entienden les corresponde, pero no como elemento a ser incluido en la reforma, sino por la vía del reclamo gremial ante el Poder Ejecutivo, que es el patrón que representa al Estado en la negociación salarial.
Las gremiales se aprontaban para que un gobierno de izquierda recogiera lo que habían planteado y lo transformara en una ley a su gusto y paladar, pero quienes así pensaron partieron de un supuesto equivocado, desde que una cosa es hacerse eco de cuanto reclamo ande en la vuelta cuando se es oposición, y otra es cuando se es gobierno, cuando las decisiones deben sopesarse en función del interés general, con el que precisamente no coinciden los reclamos de los funcionarios de la enseñanza.
Y el interés general, que creemos interpretar como medio que se nutre del sentir de la sociedad, no pasa por los reclamos salariales ni por quién es el que decide dentro de la enseñanza, sino porque nuestros niños y jóvenes reciban la mejor instrucción y formación posible, que salgan preparados para los desafíos que presenta el mercado laboral y las actividades profesionales en todas las áreas, para evolucionar y cultivar valores que lamentablemente hoy son dejados de lado en el ámbito familiar y en el educativo.
Sin embargo, de los foros convocados en todo el país a través del Congreso Educativo para estructurar la nueva ley no salió ningún elemento que valiera la pena y simplemente se hizo un compendio de reivindicaciones y propuestas para que los gremios obtuvieran el mayor poder posible en los organismos de la enseñanza, incluyendo la autonomía al estilo de la Universidad pasando por alto el detalle que el pueblo eligió un gobierno para que dirija y planifique, mientras que los gremios solo se representan a sí mismos. Ese fardo era demasiado grueso para el gobierno, y se embarcó en delinear la nueva ley con sus propios aportes, en atención a un enfoque global y no meramente circunscripto a los interesados en decidir por sí y ante sí. La ley propone que el Codicen esté conformado por cinco miembros, reservando una mayoría de tres para el Poder Ejecutivo y dos para los docentes, y en el caso de Educación Inicial y Primaria, Educación Media Básica Superior y UTU, la relación será de tres a uno, por lo que no contempla el reclamo de autorregulación de los gremios.
Un aspecto a destacar es que a nivel de Secundaria la ley prevé diseñar una educación media en que el liceo y la UTU estén más integrados, brindando conocimientos complementarios que permitan al estudiante tener flexibilidad para pasar de un nivel a otro, además de retrasar la decisión de los adolescentes de tener que optar entre el liceo y la escuela técnica y promover que los niños tengan más años de escuela, postergando también la elección de un oficio o carrera.
En el aspecto docente, uno de los grandes déficit de nuestro sistema educativo, crea un organismo independiente de la Universidad y de la ANEP, que se encargará de la formación de los docentes y que elevará esta disciplina a rango universitario.
Naturalmente, la nueva ley de educación no es la panacea y además no la hay en un tema que es muy complejo y en el que país ha retrocedido en la misma forma que en los valores que cultivan el núcleo familiar y la propia sociedad. Pero el sistema político debe dar respuestas que impliquen contar con instrumentos para una reforma imprescindible, que solo será posible con el concurso de todos los involucrados, cada uno desde su ámbito sin esperar resultados mágicos.