Opinion | 22 Nov En el reciente episodio del tratamiento del veto presidencial en la Asamblea General a capítulos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva se dio un caso muy poco frecuente en los anales parlamentarios de nuestro país y seguramente en el mundo, desde que fue la oposición, contra el partido del presidente, la que sostuvo la posición del mandatario y evitó que el partido de gobierno le enmendara la plana a su líder y jefe de Estado.
No se trató, además, de un problema de visiones políticas distintas que se confrontó en el ámbito parlamentario, para dirimirse en una mayoría especial de tres quintos, sino de un enfoque que atraviesa transversalmente a los partidos, tal vez como ningún otro tema.
Es que la despenalización del aborto no es un asunto partidario ni mucho menos, y ciudadanos de todos los partidos están a favor y en contra de este capítulo, con amplia mayoría para la despenalización, según la constante que se da en las encuestas desde hace muchos años.
Así, por más visión «iluminada» que tenga el presidente Vázquez sobre el particular, para cuestionar la postura de su propio partido, de la misma forma que los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado –con alguna excepción en este último caso— tal vez sienten que interpretan a sus votantes al oponerse masivamente a la despenalización del aborto, no puede ignorarse la realidad del sentir ciudadano, que no responde a lineamientos ni «verticalazos» de las cúpulas partidarias.
Y llegamos inevitablemente a la conclusión, ya desde hace largo tiempo, de que este penoso tema debería dilucidarse a través de un plebiscito, aunque nuestra legislación no prevea el plebiscito consultivo, y solo lo habilita para recurrir a una ley. Es decir que en este caso, de haberse votado dejar firme la ley, los opositores e incluso quienes están a favor de la norma hubieran tenido la oportunidad de promover un plebiscito, para que la ley fuera ratificada o derogada por la ciudadanía.
Pero esta posibilidad ni siquiera fue considerada, y los aspectos cuestionados han quedado fuera de la ley, con lo que en realidad ha quedado vigente la hipocresía que conlleva la actual legislación. Porque pese a que se pretenda ignorarlo y disfrazarlo con rebuscados argumentos de variado tenor, en el Uruguay seguirán practicándose miles de abortos al año, aún penalizados, porque cuando una ley se divorcia de la realidad se pone en escena una parodia que hace que se viva en un mundo de fantasía y se cometan las peores injusticias.
Peor aún, en este caso quienes sufren las consecuencias son las personas de menores recursos, de menor educación y marginadas, que son las que terminan en clínicas clandestinas, en manos de inescrupulosos, en muchos casos pagando con su vida la irracionalidad de una legislación que se quedó con los rígidos esquemas de hace setenta y ocho años, y que nunca sirvió para evitar que haya abortos en el Uruguay.
Porque evidentemente se ha planteado el falso dilema de aborto sí o aborto no, cuando la verdadera disyuntiva se plantea entre atender a las mujeres que igualmente son llevadas por la vida, por su educación, por las circunstancias o lo que fuera, a practicarse la interrupción del embarazo en clínicas con todas las garantías, o que sigan cayendo en verdaderos antros en los que cualquier cosa puede suceder, como efectivamente ocurre.
El ex presidente Julio María Sanguinetti, el único representante de la oposición que votó por mantener la ley, expuso en cámara que «hay un fracaso social y legal», ya que la legislación actual que establece causales para realizar un aborto «no ha funcionado». Puntualizó que el aborto es «una realidad» que afecta a las mujeres de menores recursos y aseguró que «esta ley no va a imponer a nadie su moral».
Y este es precisamente el punto, porque la mayoría de quienes la han cuestionado han expresado, con ligereza, que la norma favorece el aborto, cuando en realidad lo que hace es asegurar la mejor atención médica para quienes de todas formas llegarán a esa decisión traumática. Porque el problema está en el embarazo no deseado, que es el que se debe evitar a través de la educación sexual y reproductiva, para lo que la ley punitiva de hace casi un siglo no es ninguna solución y, peor aún, es parte del problema.