Locales | 16 Nov La Federación Rural resolvió hacer suyo el reclamo de los colonos afectados por la Ley 18.187, que asimila a los que adquirieron predios a través del Banco Hipotecario en la primera mitad del siglo pasado, a la Ley 11.029, que creó el Instituto Nacional de Colonización en 1948.
En reunión realizada ayer en Dolores, con una nutrida representación de colonos, entidades rurales y asesores jurídicos, se avanzó en el tratamiento de este tema, acordándose por la Federación hacer suyo el reclamo de que los colonos afectados sean contemplados mediante una modificación o directamente la derogación de la referida ley en el capítulo que los traspasa al nuevo régimen.
La delegación sanducera estuvo integrada por el escribano Salvador Buono y el productor Antonio De Souza, en su carácter de delegados ante la Mesa Representativa de Colonos creada a estos efectos.
En este encuentro, celebrado en la sede de la Asociación Rural de Dolores, se hicieron presentes delegaciones de San José, Colonia, y Soriano, así como de colonias de otros departamentos, además de dirigentes de la Asociación Rural de Dolores, de Soriano y el presidente de la Federación Rural, Octacilio Echenagusía. En calidad de asesores por la Federación participaron las doctoras Fernanda Maldonado y Gabriela Gómez, además de profesionales de Soriano.
Con amplia participación e intervenciones respecto a la problemática, y tras un intercambio de ideas y evaluaciones sobre la situación, los dirigentes de la Federación Rural decidieron asumir a través de la institución la defensa de los colonos, apuntando a la derogación o modificación de la Ley 18.187 a efectos de evitar sus efectos perjudiciales para los colonos. Evaluaron los dirigentes, ante los elementos expuestos, que hay una fuerte afectación negativa sobre el derecho de propiedad de los colonos que compraron los predios por el régimen anterior, que preveía que una vez amortizada la deuda con el Hipotecario, los predios quedaban de libre disponibilidad, en tanto a través de la nueva ley se les ha limitado sus derechos al depender de la autorización del INC. Por lo tanto encararán gestiones tendientes a obtener las respuestas que se están reclamando al sistema político.