Opinion | 16 Nov Aunque hace más de ocho años que los uruguayos contamos con una ley que protege y garantiza nuestros derechos como consumidores, una amplia mayoría de la población desconoce esos derechos así como los mecanismos existentes para recibir asesoramiento y hacer denuncias.
La Ley de Relaciones de Consumo, al igual que otras leyes similares que se inspiran en el derecho europeo fundamentalmente, tiene como punto de partida la existencia de una desigualdad real, una relación no paritaria en el mercado entre el consumidor y el proveedor.
El consumidor necesita adquirir productos y servicios en el mercado y actúa en forma aislada en el mercado, posee información limitada sobre el producto o servicio a contratar y sobre las condiciones de financiamiento del mismo; hay un cuadro de asimetría informativa. Y, por otra parte, está sometido a intensa publicidad tendiente a resaltar las virtudes reales o supuestas del producto o servicio que se ofrece en el mercado, lo que ejerce una presión hacia el consumo.
En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley se ha procurado avanzar en lo que respecta a la generación de los canales necesarios para que tanto consumidores como proveedores de bienes y servicios puedan informarse, negociar sus problemas o eventualmente solicitar la intervención del Estado para dirimir diferencias.
La creación, en acuerdo con las intendencias, de oficinas departamentales de Atención al Consumidor es un claro ejemplo, en tanto que también se cuenta con un teléfono para hacer denuncias – el 08007005—y un sitio web del Área de Defensa del Consumidor con amplia información. Ahora, la Dirección General de Comercio puso en marcha dos nuevos canales de asesoramiento, pudiéndose presentar vía Internet reclamos y consultas así como quejas y sugerencias.
Ahora bien, la utilización por la población de estos como de los medios ya existentes para asesorarse y reclamar depende del saber que existen. Como en todos los órdenes de la vida, la información es crucial para tomar decisiones. Por eso mismo, el gobierno y las oficinas departamentales de Atención al Consumidor deberían tener un rol más activo en este tema, para lo cual muchas veces basta con pegar un afiche o folleto en un salón comunal o policlínica. Inclusive ¿por qué no insertar este tipo de informaciones valiosas para la gente en los recibos de consumo de los organismos públicos? Sería una forma barata de hacer circular la información.