Locales | 19 Nov En la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental el edil nacionalista Ramón Appratto reiteró que «se mantiene la situación de omisión del ejercicio de las funciones del cargo que le competen al secretario de la Junta Local de Guichón, máxima autoridad departamental en el lugar». Así aludió por segunda vez a un tema abordado el 10 de octubre último en la misma sala.
Dijo que «en aquella sesión, con motivo de tratarse la aplicación de una multa de 36.687 pesos a un conductor por circular en Paysandú con un vehículo empadronado en el departamento de Flores, si eso legalmente correspondía estaba bien que se hiciera. Pero lamentablemente no se medía a todos con la misma vara y puse dos casos notorios como ejemplo de la dualidad de criterio con que aplica multas la Intendencia: primero, el de la señora Nilda Pérez, quien hace pocos días fue nombrada por el intendente como presidenta de la Junta Local de Guichón, quien transita por sus calles en un auto con matrícula de Montevideo, SAK 5351. Segundo, el de la señora Angela Núñez, que desempeñó hasta hace pocos días el cargo de presidenta de la misma Junta Local y recientemente fuera nombrada por el intendente en el cargo rentado de administradora de las Termas de Almirón, la que transita por las calles guichonenses en un auto matrícula de Salto, HL 598».
Añadió que «como es de conocimiento público los números de las matrículas nuevas de Salto están precedidos por tres letras, no de dos. De lo que se deduce que, para colmo, esa chapa es vieja, caduca y que esta señora hace años que no va por Salto a intentar reempadronar».
Appratto sostuvo que «ambas señoras transitan a la vista y paciencia de toda la población. Antes Guichón tenía un inspector de tránsito y ahora, con el cambio ‘regresista’, tiene tres. Pero el secretario de quien ellos dependen parece no percatarse de la situación de estas dos jerarcas municipales que transitan cometiendo la misma o peor infracción que aquel al que le cobraron la multa de $36.687. Ese sí tenía chapa de Flores pero por lo menos era nueva y estaba vigente».
«Aquí hay importantes responsabilidades administrativas no asumidas en detrimento de las arcas municipales. El secretario de la Junta Local, funcionario administrativo rentado y responsable, deja perdurar estas situaciones irregulares, aún después de haber sido puestas en evidencia en el plenario de la Junta Departamental y, en consecuencia, tomado estado público. Ese funcionario ha sido omiso en el cumplimiento de sus funciones creando una situación discriminatoria, que resulta una burla para con los pobladores que cumplen con lo dispuesto respecto del empadronamiento de sus vehículos. Mantener la situación de injusta desigualdad, genera malestar y somete a la Intendencia del FA a que la critiquen por la práctica del amiguismo que antes criticaban y ahora lo practican».