Opinion | 24 Nov La delincuencia juvenil preocupa cada día más a los uruguayos, hayamos sido o no víctimas de los delitos perpetrados por menores. Por eso se hace cada vez más necesario que se analice seriamente la baja de la edad de imputabilidad.
El procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y ex fiscal de la nación, Miguel Langón, planteó bajar la edad de imputabilidad de 18 a 13 años, ante la ola delictiva que atraviesa el país. El jurista y catedrático de Derecho Penal realizó la exposición en el seminario «La seguridad ciudadana: Desafío inevitable, una responsabilidad compartida», y se mostró partidario de disponer medidas de privación de la libertad en casos concretos, a adolescentes de 13 años. Basado en que la edad de «activación criminal» (en la que se comete el primer delito) ronda los 13 años, Langón consideró que esos jóvenes ya deberían ser imputados penalmente por los delitos que cometen e internados en centros de rehabilitación especiales, independientes de las cárceles de adultos.
Asimismo, propuso instaurar un sistema de penas por franjas de edad y gravedad de los delitos, en el cual a los adolescentes de entre 16 y 18 años se les aplicaría la mitad de la sanción prevista por el Código Penal, y entre los 13 y los 16 años, un tercio de lo establecido por la ley. Bajar la imputabilidad a 13 años puede parecer excesivo si nos referimos a alguien que recién ingresa en su adolescencia, inmaduro emocionalmente e incapaz de tomar decisiones importantes. Tal vez por eso en muchos países hace tiempo se redujo a 16 años la edad en que ya comienzan a pagar por sus acciones.
Si bien el INAU rechaza la idea de bajar la edad de imputabilidad y considera que los menores en conflicto con la ley necesitan contención, debe entender que un adolescente de 15 o 16 años es más que consciente de sus actos y que, refugiados en la ley, muchos cometen delitos llenos de saña y crueldad.
Claro que esta no es la única medida necesaria para frenar los delitos cometidos por menores, en muchos casos son dirigidos por adultos que manejan organizaciones criminales amparados precisamente en que a aquellos no se les podrá imputar nada.
Por todo eso, es preciso hacer un trabajo de fondo, arduo y a largo plazo, con participación de todas las instituciones, para fortalecer la estructura familiar y los valores de la sociedad.