Opinion | 22 Nov Durante quince días los docentes del Liceo Nº 62 de Montevideo estuvieron ocupando el local, por lo que durante ese período no se dictaron clases en el centro docente, en reclamo de la remoción de la directora y subdirectora del liceo por «autoritarias» y ser motivo, a su juicio, de permanente conflicto con profesores y estudiantes.
Según los docentes, ya estos directores venían con antecedentes similares de otro liceo, y en esta ocasión «debieron» adoptar la medida porque el Consejo de Educación Secundaria y el Codicen le daban largas al asunto y no separaban del cargo a las autoridades cuestionadas.
En las últimas horas, tras la prolongada ocupación, el Codicen dispuso la intervención del liceo, la separación del cargo de las directoras y su afectación a dependencias centrales de la ANEP, mientras dure la investigación.
Ante la medida, los docentes desocuparon el liceo y festejaron como una victoria de la movilización la separación e investigación, lo que por supuesto no quiere decir que la cosa ya esté terminada, porque luego vendrá la investigación y los sumarios, en caso de que así corresponda.
Pero nuevamente las autoridades de la enseñanza, y el gobierno a través del Codicen han dado una muy mala señal y resignado autoridad con tal de mantener la «paz» pegada con alfileres en la enseñanza, desde que por la fuerza de la ocupación y de los hechos consumados se adoptan decisiones que no necesariamente se ajustan a derecho, a ofrecer garantías a las partes y a laudar con justicia en el entredicho.
Los docentes no pueden –no deben— ocupar un local para hacer valer sus reclamos, sean valederos o no, y cuando pasan a ejercer la ocupación como una medida para que sean atendida sus reivindicaciones, también entran en falta y a difundir el mensaje de que por la fuerza igual se logran los objetivos buscados, sin aguardar la resolución a través de los canales pertinentes.
Tampoco parecen estar dispuestos a que se les descuenten los días que no trabajaron mientras duraba la ocupación, en un intento grueso de llevarse el cien por ciento del «botín», envalentonados por el resultado de la medida.
Es de esperar que el tema se dirima a través de las vías administrativas establecidas en las normas, pero no puede soslayarse que las autoridades de la enseñanza, sobre todo del Codicen, están dando más en la herradura que en el clavo al habilitar que por la vía de la fuerza se pase por encima de los procedimientos regulares.