Opinion | 28 Nov Connotados actores del sistema político, e incluso dentro del propio partido de gobierno, se han ocupado reiteradamente de la problemática de la educación universitaria, fundamentalmente en torno a un debate por el que se apunta a establecer si corresponde o no el cobro de matrícula a los estudiantes que provienen de hogares pudientes. Que son además la mayoría de los que concurren a la enseñanza terciaria, porque el sistema vigente, además, supuestamente gratuito, se ocupa de ir «filtrando» a estudiantes de hogares de menores recursos que van quedando por el camino, sobre todo si son del Interior.
Juristas de sólida formación también han expuesto argumentos en favor de una y otra posición, pero lo que no percibimos hasta ahora es una óptica que realmente tenga en cuenta la problemática del Interior, desde que los aportes se han centrado en visiones netamente capitalinas, que están lejos de auscultar la realidad que se vive fuera de Montevideo, con el resultado de que el Interior es el gran postergado en la enseñanza universitaria «gratuita» que en teoría tiene nuestro país.
No es cierto que en la Universidad no se cobre matrícula, después de todo, porque los estudios universitarios, como toda la enseñanza, no son gratis, sino que de lo que se trata es de establecer quienes la pagan.
Y como cuesta poco inferir, la matrícula universitaria la pagamos todos los uruguayos, y bien cara que nos sale, por cierto, sobre todo para el caso de aquellos ciudadanos que no han pasado por los recintos universitarios y cuyos hijos jamás lo harán por la falta material de posibilidades de hacerlo, pese a la «gratuidad».
Juan José Barrios, columnista invitado por el suplemento Economía y Mercado del diario El País, evaluó en un artículo dedicado a este tema que «la enseñanza no es gratis, y la matrícula ya se cobra. Racionalicemos a quien se la cobramos y creemos mecanismos eficientes y eficaces de control e información social. Recién entonces estaremos construyendo sólidos criterios en materia educativa». También considera que puede identificarse perfectamente a los estudiantes y padres pudientes para «saber si tienen suficientes ingresos como para financiar los estudios universitarios. La valiosa información surge de nuestro actual sistema impositivo, que justamente posibilita una discriminación tributaria sobre aquellas personas que desean acceder a la Universidad pero que no tendrían fondos suficientes como para poder hacerlo». En la fuerza de gobierno, tradicionalmente afiliada a la tesis «facilonga» de la enseñanza universal y gratuita, incluyendo a la universitaria, han surgido coincidencias muy expresas respecto a la conveniencia y sobre todo al acto de justicia que implicaría el cobro de matrícula a los estudiantes que están en condiciones de pagar, y en esta línea se anotan el presidente Tabaré Vázquez y los precandidatos frenteamplistas José Mujica y Danilo Astori, con sus respectivos matices, pero siempre anteponiendo la premisa de que el ciudadano uruguayo no está en condiciones de seguir financiando este sistema desquiciado de gratuidad «a cara de perro», que no solo resulta costosísimo, sino que es a la vez discriminatorio hacia los estudiantes de menores ingresos y del Interior.
Este argumento es irrefutable y surge de datos de la matrícula estudiantil de la Universidad de la República, que en lo básico continúa tan elitista y centralista como siempre, asumiendo que la gratuidad y el ingreso ilimitado aseguran el libre acceso de todo joven a la enseñanza terciaria.
Esta «igualdad» es absolutamente falsa, y lo único que se ha hecho es dilapidar recursos y expoliar los bolsillos de los ciudadanos de todas las clases sociales para pagar la matrícula de todos los que se aparezcan, sobre todo de muchos estudiantes capitalinos que durante años, como no pagan ni un peso por acceder a las aulas, se eternizan en los cursos universitarios, salen y vuelven a entrar, y a veces se reciben por cansancio, si les interesa. Contra esa gratuidad desquiciada estamos, porque es delirante y parte de supuestos que ni por asomo responden a la realidad de la enseñanza terciaria.
Lo que corresponde, por lo tanto, es que el cobro de la matrícula sea una regla, y que se exima de su pago a los estudiantes que realmente no están en condiciones de pagarla, y sobre todo, mejorar las becas que se pagan con el Fondo de Solidaridad, por la vía de ingresos adicionales por la matrícula, para que los estudiantes del Interior y/o de escasos recursos, sí puedan estudiar, en lugar de seguir alentando, por la vía de la acción o de la omisión, que el estereotipo por excelencia del egresado universitario siga siendo el del montevideano y de familia pudiente, con las excepciones que confirman la regla.