Opinion | 26 Nov La reciente firma del contrato de arrendamientos de servicios del Despacho Nacional de Cargas entre la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) y UTE, implica un cambio significativo en el panorama que había hasta ahora, con UTE como juez y parte en el área energética. Lamentablemente, ese es el común denominador para los organismos del Estado en sus respectivas áreas de acción, por su carácter monopólico que por tanto les permite tener usuarios cautivos a los que llaman «clientes».
Precisamente cuando desde el Estado, a través del Área de Defensa del Consumidor, se respalda la Ley de Relaciones de Consumo para ofrecer garantías al consumidor, es evidente que el usuario está indefenso ante las propias empresas estatales, que se controlan a sí mismas en cuanto a la calidad de los servicios y la facturación, en un extremo que tiene al consumidor como víctima potencial sin derecho al pataleo ante al menos un organismo neutral.
Eso no quiere decir que las empresas empleen como rutina su posición abusiva en el mercado, desde que por lo general los problemas se centran en inconvenientes burocráticos o de gestión más que en la intención de perjudicar u obtener provechos desmedidos, pero sí conlleva inevitablemente una falta de transparencia que deja fundadas dudas en el «cliente».
Lo mismo ocurre en el mercado eléctrico, desde que invariablemente y en sucesivas administraciones UTE ha sido juez y parte, dándole largas a la instrumentación de la Ley sobre Distribución de Energía, que se promulgó hace once años pero que nunca se había instrumentado, precisamente porque el ente no tiene ningún interés en depender de un organismo ajeno a su exclusiva voluntad. El presidente de ADME y titular de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, doctor Ramón Méndez, expresó a «La República» que desde la vigencia de la ADME «UTE no continúa siendo juez y parte; de todas maneras es parte fundamental y lo seguirá siendo. Lo que ocurre es que para que los agentes privados tengan confianza para invertir es necesario que no sea UTE la que determine, sino que existe un organismo independiente y ese es ADME».
Evaluó que esta administración «es responsable de dar transparencia. En cuanto a la forma práctica de hacerlo, podríamos haber partido de cero, pero como contamos con un Despacho Nacional de Carga en UTE, conformado por excelentes técnicos, tecnología adecuada y una gran experiencia en el tema, optamos por arrendar el servicio, que va a ser monitoreado on line las 24 horas del día por los técnicos de ADME».
Puntualizó que el despacho determina qué generador entra en funciones y en qué momento (en general se prioriza a los que generan más barato y luego se va dando entrada, de acuerdo a las necesidades, en forma progresiva, a los más caros).
El punto es que las empresas estatales y en este caso la UTE, han trabajado históricamente en carácter monopólico y por lo tanto han actuado en el mercado como dueños absolutos de la situación, sin rendir cuentas, y trasladado costos excesivos a los clientes para ocultar sus propias ineficiencias, exceso de burocracia y rezago tecnológico, resistiendo además la participación privada en el ámbito que sea.
No puede extrañar entonces que pese a los enunciados de jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y del propio directorio de UTE, se esté dilatando la incorporación de los generadores privados de electricidad al mercado eléctrico, aún teniendo en cuenta el déficit de generación del organismo en períodos críticos, que obligan a poner en marcha de costosas centrales térmicas que operan con derivados del petróleo.
Así, recién este año se completará el cupo remanente de la primera licitación, convocada hace dos años, por 24 megavatios de generación por privados que habían quedado como saldo del primer llamado por 60, y que UTE no ha completado. Aun, valga la reiteración, pese a la necesidad de generación y porque es un ente que toma las decisiones por sí, desligadas de las políticas energéticas del gobierno de turno.
A partir de la presencia de un organismo que en teoría es independiente de UTE pero dependiente del Poder Ejecutivo, es de esperar que cambie esa actitud prescindente. De forma de lograr que en un lapso razonable la inversión privada en generación permita atenuar el déficit de electricidad que padece nuestro país ya en forma crónica y que se acentúa en cada sequía.