Opinion | 26 Nov A través de la página web del Parlamento se dieron a conocer los ingresos salariales de los funcionarios del Senado, los que se enmarcan en el círculo de privilegiados del sector público, desde que el Estado es el ámbito en que se manifiestan las iniquidades más gruesas en materia de remuneraciones y categorías de funcionarios.
Por un lado, están empleados de administración central, bancos del Estado y entes autónomos, entre otros organismos, que tienen escalas de salarios delirantes en el contexto del país, a lo que se agregan inamovilidad, beneficios al por mayor y condiciones de trabajo que les permiten un desempeño light, sin compromiso y escasas responsabilidades.
Por otro están los funcionarios públicos «de a pie», como los policías, soldados y en menor grado parte de los de salud pública y enseñanza. Los dos primeros citados perciben salarios por debajo de las necesidades básicas y compromete seriamente su calidad de vida, al punto de llevarlos prácticamente a la marginación social.
En el Senado, los ascensoristas y conserjes, los que sirven café, perciben ¡solo 25.000 pesos..! Y los de mayor grado, los secretarios cercanos a los legisladores, entre sueldo, beneficios y compensaciones cobran hasta 80.000 pesos… Ambas menciones aparecen al menos como una burla grosera en un país en el que hay pasivos que perciben dos o tres mil pesos por mes, y trabajadores que cobran cuatro o cinco mil pesos, incluso dentro del propio Estado.
Estos sueldos salen de los bolsillos de todos los uruguayos, que seguramente si pudieran elegir lo pensarían dos veces antes de aportar para pagar estos salarios desmedidos, que no comprenden solo al Senado, sino que también se dan en la Cámara de Diputados y en las juntas departamentales de todo el país, por citar solo el área legislativa. Eso indica que sigue habiendo hijos y entenados, en éste como en cualquier gobierno, y que las corporaciones de funcionarios siguen actuando en defensa de sus intereses sectoriales, arrancando concesiones a través de la presión a un sistema político que insiste en «cobrar al grito», y acalla reclamos y protestas a fuerza de recursos que pagamos todos. Como si la justicia fuera lo de menos.