Opinion | 30 Nov No queda otra expresión para referirse a las idas y venidas, dimes y diretes del tema de las patentes de rodados. Desde hace décadas este asunto afecta las relaciones entre los departamentos del Uruguay y es motivo de permanente controversia puesto que si ninguna intendencia quiere dejar escapar contribuyentes, hay varias que desde hace años vienen desarrollando estrategias para captar a vehículos de departamentos vecinos.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles con los votos oficialistas el proyecto de ley sobre empadronamiento de vehículos. El mismo indica que se deberán empadronar en el lugar de residencia, trabajo o el de la casa de veraneo. Las intendencias tendrán la potestad de retirar los automóviles que no cumplan con la normativa.
Los blancos afirman que el proyecto es inconstitucional y que las personas tienen derecho a empadronar donde quieran. Incluso, entre los intendentes frenteamplistas hubo diferencias sobre si se incluía o no a las casas de veraneo para fijar residencia aunque luego de una reunión realizada en Salto se llegó a un acuerdo para incluirlas.
Ahora el intendente de Colonia, Walter Zimmer, anunció que promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de empadronamiento si el Senado la aprueba, tal como lo hizo Diputados. Para el jefe comunal coloniense, el proyecto tiene medidas extremadamente coercitivas, rechazando la incautación de vehículos que estén circulando sin poder justificar el domicilio personal o laboral del propietario del coche. Aseguró que se está ignorando completamente las autonomías municipales por lo cual «en nada va a llevar la paz en el tema de las patentes».
El rechazo a la norma en trámite parlamentario también se manifestó entre ediles nacionalistas de los departamentos de Montevideo, Rivera, Colonia, San José y Río Negro, quienes promoverán recursos. El tema de las patentes de rodado parece ser de aquellos de nunca acabar. Si alguna vez se pensó que una ley podría zanjar el asunto ya está demostrado que no es así puesto que aún ésta no ha sido aprobada y un intendente ya ha salido a decir que promoverá recursos en su contra. La pregunta es ¿dónde estaban los ahora desconformes cuando se discutió la ley en el Congreso de Intendentes? ¿Por qué no trataron allí las diferencias?