Opinion | 30 Nov El reciente Simposio Panamericano de Construcción de Barcazas, el primero de su tipo, que tuvo lugar recientemente en Montevideo, precisamente por ese carácter pionero indica que estamos ante un escenario relativamente nuevo, que en su evolución ha generado en los directamente involucrados la necesidad de buscar un ámbito común para intercambiar experiencias, analizar los problemas y sobre todo buscar entendimientos para encontrar respuestas a sus dificultades.
No estamos ante un tema menor para el subcontinente, desde que a partir de la última década, la explosión productiva del corazón sudamericano, sobre todo de las áreas mediterráneas, ha sido determinante de su logística para salir al mundo y estar en condiciones de competir, utilizando la hidrovía Paraguay - Paraná, a la que debería integrarse la del río Uruguay.
El simposio tuvo como objetivos reunir a empresas, instituciones y organismos del sector naval, apuntando al análisis de las alternativas inherentes a la creciente demanda por barcazas y a las formas de mejorar la competitividad, teniendo en cuenta que en esa hidrovía circulan unas 1.600 barcazas y que ya se están necesitando más del doble.
Es cierto, la crisis financiera internacional, el cierre de mercados y los avatares de los precios de las materias primas ponen una nota de incertidumbre en este movimiento para el futuro inmediato, pero lo coyuntural no puede ponerse por encima de lo duradero, y es indudable que una vez se consolide el reacomodo de precios y se reinstale la corriente comercial, la demanda mantendrá esta tendencia y la necesidad de contar con la logística ya en marcha.
Más aún, buena parte de las 1.600 barcazas ya está llegando al límite de su vida útil y necesitará un pronto reemplazo, lo que da la perspectiva del futuro de la industrial naval, que durante décadas ha estado alicaída, en especial en nuestro país.
Hasta ahora se ha estado construyendo en base a la disponibilidad de astilleros en cada país, apostando a los recursos humanos locales y buscándolos en el extranjero cuando no los había, de la misma forma que el crédito, los materiales y tecnología necesaria para atender esta demanda. Y si bien no estamos hablando de buques de gran porte y características que requieran de avanzada ingeniería naval, tanto en diseño como en mano de obra, sí se requiere de aportes de técnicos y mano de obra especializada que —no se capacitan de la noche a la mañana— perciben buenos salarios, lo que se agrega como factor positivo a requerimientos de materiales e infraestructura de apoyo para los astilleros.
Es decir que no se trata solo de atender necesidades de logística, sino el desarrollo de una industria que está en condiciones de dinamizar la región, particularmente los países que trabajan con la hidrovía.
Una muestra de su proyección la tenemos en Uruguay, donde hace dos años la industria naval inició una etapa de revitalización mediante la construcción de cuatro grandes barcazas para el transporte de celulosa de la empresa Botnia por el río Uruguay. Puede que sea poco en volumen, pero es significativo por mover millones de dólares que quedan en el país y porque además es el primer eslabón que deja a la industria nacional muy bien perfilada para atender la demanda que se está generando, que supera largamente la oferta de astilleros.
En Paysandú esta reactivación también ha tenido su manifestación, al punto que el astillero local fue arrendado para atender el mantenimiento de buques de Ancap, ante la imposibilidad de hacerlo en los astilleros capitalinos ocupados en la construcción de barcazas. La empresa Ence, que tiene previsto incorporar a su logística el transporte de madera en barcazas hacia la planta que construirá en Conchillas, está analizando la posibilidad de construir las naves en el astillero de la Armada, y seguramente de contar con infraestructura en Paysandú, nuestro departamento se vería beneficiado con la recuperación de una industria que en su momento significó decenas de puestos de trabajo. Para dar un impulso vital a estas iniciativas, es fundamental que el Poder Ejecutivo defina políticas que beneficien y estimulen un costo inicial de riesgo, pero que al fin de cuentas significarán una redituable inversión y una apuesta al futuro.