Opinion | 12 Dic Es una reacción tardía el horror que ha generado en algunos círculos políticos oficialistas la violencia, en el Parlamento, de un grupo de activistas que no aceptaron la decisión del presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, de desalojar el recinto debido a los insultos, gritos y salivazos dirigidos a los legisladores del Frente Amplio. Tal desmesura obedeció a la aprobación del proyecto de ley de Reforma de la Educación, cuando es una realidad que rompe los ojos la radicalización de grupos que reclaman todo el poder para sí en la enseñanza.
Desde hace varios días, en el entorno del Parlamento las protestas han subido de tono, con quema de cubiertas y piquetes —al mejor estilo argentino—, con el fin de presionar a los legisladores que anunciaron su apoyo a la controvertida ley. Pero esta vez la violencia cambió de lugar y se trasladó al interior del Palacio Legislativo. Ya allí, solo bastó una chispa —que la Policía pretendiera desalojar a los manifestantes—, para que a golpes de puño y con insultos atacaran a los agentes del orden. Que repelieron la agresión de quienes creen ser dueños de la verdad y tener licencia para hacer lo que se les ocurra, solo porque «piensan» que representan al pueblo.
Si bien muchos docentes se han apresurado a mantener distancia de estos hechos, en realidad han apoyado la postura radicalizada de los gremios; que se han puesto de punta contra la ley, porque tenían la expectativa de que se plasmaran sus planteos en esta nueva ley, tras dos años de consultas y asambleas en el ámbito educativo. Quiere decir que, en mayor o menor medida, se han afiliado a una tesis que ha llevado a los energúmenos de siempre a considerar —en su particular y distorsionada concepción— que representaban al conjunto del sector en su lucha contra el poder que, según interpretan, les quiere «arrebatar» nada menos que la dirección de la enseñanza.
La ley, que de reforma hacia adentro de la educación en sí no agrega nada, ha quedado en un nuevo «parche», que no cuenta con el apoyo de los docentes. Y tampoco con el de la oposición, que entiende que se ha trasladado una importante porción del poder a los docentes directamente interesados en favorecerse y deja afuera al resto. También el Partido Comunista votó en contra, al término de una trabajosa negociación interna en el oficialismo, en el que había posturas muy encontradas sobre el proyecto.
Es decir que se ha votado una norma que no va al fondo de los graves problemas de la enseñanza, que son de calidad y formación en valores, así como de capacitación para el desafío laboral y profesional que presenta el mercado. Y, como bien manifestó en las últimas horas el precandidato presidencial oficialista Danilo Astori, solo se ha tocado lo relativo a la organización de los organismos que dirigen la enseñanza, en tanto queda pendiente la reforma real, que llegue al fondo de los problemas que preocupan a los uruguayos.
El gobierno tiene su responsabilidad, sin dudas, porque tras parapetarse durante años en la oposición, reclamando reformas educativas, en realidad no ha propuesto nada y se limitó a promover las asambleas que terminaron, como era de prever, en que primara la visión corporativa de los docentes. Para encontrarse con que de lo que se trataba era de la disputa por el poder.
En definitiva, los gremios pretenden sustituir el carácter representativo del régimen democrático, en una enseñanza que no está a la altura de las necesidades del Uruguay, de las aspiraciones de los ciudadanos, ni de los propios estudiantes, que una vez egresados deberán afrontar los desafíos que les presente la vida.
Esta visión, interesada y deformada, es una clara manifestación corporativa que lamentablemente se da en varios sectores de actividad del país, que en definitiva pretenden sustituir el carácter representativo del régimen democrático, el poder político, que es el que tiene que dirigir y disponer las reformas necesarias para que en el país las cosas mejoren.