Locales | 07 Dic El Movimiento Nacional de Defensa de la Tierra (Monadet) impulsa una reforma constitucional que, de reunir la cantidad de firmas necesarias, sería plebiscitada junto con las próximas elecciones nacionales e introduce cambios para que solamente ciudadanos uruguayos puedan comprar tierras en el país.
Cecilia Canziani y Andrés Briosso –quienes estuvieron en Paysandú para un debate sobre la extranjerización de la tierra— explicaron que la reforma impulsada agrega al artículo 32º de la Constitución como segundo y tercer inciso que «la propiedad inmueble rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o ciudadanos naturales o legales» y que «la ley establecerá el máximo que podrá adquirir cada ciudadano».
A la vez, la iniciativa propone sustituir el inciso final del artículo 232 por la siguiente redacción: «los propietarios de inmuebles que no alcancen el máximo referido en el artículo 32 recibirán siempre el total de la indemnización previamente a la toma de posesión del inmueble».
De prosperar esta reforma, que no tendría carácter retroactivo, solamente podrían ser propietarios de tierras el Estado o las personas físicas con nacionalidad natural o legal uruguaya, quedando excluida de esa posibilidad toda persona jurídica.
Al respecto, Canziani afirmó que en esta reforma «Uruguay se juega su soberanía política, territorial y alimentaria».
«Este no es un proyecto xenofóbico, porque diferencia al extranjero del inmigrante. Si un extranjero se radica en el país y saca su ciudadanía, podrá comprar tierras en Uruguay. Lo que queremos evitar es que vengan, saquen la renta y se vayan con la riqueza a otro lado», agregó.
Consultado respecto a cuál es el peligro que un extranjero adquiera tierras –incluso las que están improductivas— para trabajarlas, dijo que «lo que ocurre es que hay una pérdida de soberanía. Entendemos que también es necesaria una gran discusión sobre el uso de las tierras, pero ¿cómo discutir de qué color pintar la casa si la casa no es nuestra?», agregó.
Respecto a las oportunidades de trabajo que generan inversores extranjeros para uruguayos, Briosso dijo que el tema «no pasa por ahí» sino que lo preocupante es «que existe una concentración brutal de tierras en pocas manos y si no se le pone un límite en la riqueza, nunca dejará de haber pobreza».
Agregó que hay 6.000 colonos que están esperando tierras del Instituto de Colonización, pero nunca acceden a ella por falta de «voluntad política para ayudar a los sectores más empobrecidos del país».
Respecto a una posible corrida de inversores hacia otros países, opinó que «el inversor honesto va a seguir en el país» pero enfatizó la necesidad de facilitar condiciones para la inversión nacional. «La inversión extranjera está exenta de impuestos y tiene otros beneficios, mientras que a la inversión nacional se la castiga», añadió.
La Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural no han dado su apoyo a la iniciativa plebiscitaria.