Opinion | 11 Dic Ante propuesta del Poder Ejecutivo, los partidos de la oposición dieron el sí para integrarse a la comisión que se encargará de estudiar, analizar y elaborar propuestas para el desarrollo de la eventual puesta en marcha de un programa nuclear destinado a la generación de energía eléctrica en nuestro país.
La última representación política en integrarse ha sido el Partido Nacional, tras una reunión que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez con una delegación del directorio blanco, cuyos integrantes se comprometieron a poner el tema a consideración del plenario de ese órgano a efectos de plantear una respuesta oficial.
Finalmente, la colectividad de Oribe respondió positivamente y el Poder Ejecutivo tiene luz verde para comenzar a considerar el tema, en un primer paso imprescindible para generar no solo estudios exhaustivos sobre los pro y los contra de esta iniciativa, sino también de sondear la conciencia ciudadana sobre la conveniencia o no de incorporar energía nuclear a la matriz energética nacional.
El punto es que durante la dictadura se aprobó una ley que prohíbe que se instalen centrales nucleares en nuestro país, pero los tiempos cambian, el poder político también y lo que había quedado intocable por treinta años podría derogarse o por lo menos comenzar a ser analizado desde un punto de vista científico, político, estratégico y medioambiental, por citar algunos elementos infaltables en la balanza.
Y uno de los aspectos realmente positivos es la apertura a todas las opiniones para que la definición que se obtenga pueda ser incorporada como política de Estado, desde que, naturalmente, una decisión de esta naturaleza para un programa nuclear trasciende un período de gobierno y debe asegurarse una continuidad mínima para ponerlo en marcha.
Como en tantos otros órdenes, en este caso también la necesidad tiene cara de hereje, como dice el refrán. Pues si Uruguay no necesitara contar con una energía barata para diversificar su matriz, hacer frente en su momento al fin de la era del petróleo y atender la creciente demanda de electricidad, esta posibilidad ni siquiera se consideraría. Es que seguramente todos nosotros, en nuestro fuero íntimo mantenemos cierta aprensión respecto al uso de una energía nuclear, cuya tecnología ha sido mejorada sustancialmente para dotarla de un margen de seguridad que no tenía, cuando se dieron episodios catastróficos como el de la central soviética de Chernobyl, pero que igualmente conlleva un potencial de riesgo, que hace pensar dos veces el apelar a este recurso, pudiendo evitarlo.
Hay dos aspectos sustanciales en contra, uno de los cuales es la disposición de los residuos nucleares, que no son degradables y que son enterrados en barriles de metal sellados, en cementerios nucleares en los que esperarán que algún día la humanidad cuente con la tecnología para transformarlos en algún elemento que no represente amenaza para el medio ambiente. El otro factor negativo es el hecho de que seguiríamos dependiendo del exterior en la tecnología y en el suministro de material fisionable en las centrales nucleares, así como sufriríamos la eventual pérdida de nuestra promocionada condición de país natural, como atractivo turístico e incentivo para las inversiones. Por otro lado, si nos marginamos de la era nuclear, seguiremos en rezago tecnológico en esta área, metiendo la cabeza en un agujero y cerrados a cal y canto a una fuente energética que en otros países provee de gran parte de la electricidad imprescindible para el desarrollo.
Es decir que estamos una encrucijada muy difícil de ponderar a priori, en base a elementos de juicio muy parciales todavía y que a la vez deben contar con un volumen y calidad de información que todavía no está disponible en el país, y cuyo suministro no puede dejarse solo en manos de las compañías que estén interesadas en vendernos las centrales «llave en mano».
Precisamente este es el aspecto a dilucidar a través de la comisión que está en vías de conformarse, que debe enriquecer su discusión con la participación de todos los sectores de la sociedad, pero que debe tener el cuidado de no transformarse en un centro de discusiones interminables y radicalismos que nos harían perder los puntos de referencia reales, en un tema en el que nadie debe sentirse dueño de la verdad.