ESCRIBE EL DOCTOR RODOLFO CANABAL

Locales | 09 Dic Es general, ciertamente, y fundada, la queja de los ciudadanos, al margen de sus opiniones en materia política, y también de si tienen o no formación especializada o técnica, con relación a la forma que prevalece en las dependencias administrativas de los organismos públicos, tanto de la administración central como de la descentralizada, con relación a cómo se desenvuelve la tramitación administrativa. Y es frecuente ver publicadas quejas de los administrados con relación a casos concretos al respecto.
Quienes tenemos experiencia en tales tramitaciones podemos afirmar que, en general, es cierto que los trámites administrativos no se desenvuelven normalmente con agilidad, y que son frecuentes las exigencias que sin tener plena justificación inciden desfavorablemente para el oportuno avance de las tramitaciones. Y es pertinente señalar también que tan desfavorables casos no son exclusivos de las dependencias de las administraciones públicas, pues son pasibles de ser observadas en ciertas entidades privadas de importante volumen.
Es también bastante frecuente y hasta normal, que la tramitación de las licitaciones públicas, desde el momento en que se realiza la recepción y apertura de las ofertas hasta que se llega al momento de la selección de la más conveniente para ser adjudicada, insuma un período muchas veces desmedidamente prolongado, dicho ello sin desconocer que en ciertos casos la complejidad de los estudios que se necesita realizar para tal determinación exige tareas que no es posible completar en breve lapso.
La observación y análisis de casos concretos en diversos organismos de la administración pública permite afirmar, en primer término, que no existe una generalizada preocupación en quienes ejercen las tareas jerárquicas por la rapidez de las tramitaciones. Ello determina que la ejecución de las tareas, no obstante depender de buenos y hasta de excelentes funcionarios, no siempre se sujeta a condiciones compatibles con la deseable celeridad, y eso crea finalmente una rutina que se mantiene inalterada durante lapsos muy prolongados, no obstante no ser difícil, mediante eficaz observación, detectar aquellos factores que no son favorables, para eliminarlos.
Las expresiones que anteceden no son fruto de la imaginación; están basadas en varias décadas de actividad administrativa y obviamente en la observación de casos concretos que tuvieron efectos positivos para reducir muy sensiblemente los períodos de la tramitación, incluidos los relativos a licitaciones públicas.
En tal sentido cabe señalar, a vía de ejemplo, que en una dependencia de índole comercial y en dos muy amplias dependencias administrativas, la observación tendiente a detectar factores negativos vinculados con los respectivos trámites permitió reducirlos en dos terceras partes, vale decir, a un tercio de lo que desde hacía años insumían, sin que ello significara mengua alguna de su eficacia para los administrados y para la respectiva dependencia, sino todo lo contrario.
Y en materia de licitaciones públicas, la rapidez del estudio de las ofertas para su pronta adjudicación, complementada ulteriormente por un régimen de pagos que permitía hacerlos efectivos inmediatamente después del cumplimiento del licitador adjudicatario, tuvo además el efecto de que las compras las hiciera dicho organismo con precios que eran comparativamente mucho más bajos que aquellos que debían afrontar otros organismos públicos sujetos a las tan frecuentes e innecesarias demoras de los organismos de la administración pública. No es la primera vez que quien escribe expone conceptos como los que contiene este comentario, pero se tiene la esperanza de que llegue el día en que puedan servir para que se intente, mediante la determinación y eliminación de los factores negativos, superar la tan generalizada demora de las dependencias administrativas.