Opinion | 13 Dic En el fárrago de noticias de los últimos días, ha pasado casi inadvertida la «propuesta» del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, que en síntesis apuntan a que como los días 26 de este mes y el 2 de enero son viernes, deberían ser feriados para los funcionarios públicos y en la actividad privada, para así generar un asueto desde el jueves hasta el lunes, lo que a su juicio dinamizaría el turismo interno y todos los uruguayos estaríamos felices, disfrutando de un racimo adicional de días libres y gastando alegremente.
Semejante delirio es inconcebible en un gobernante a esta altura de los acontecimientos, y parece que así se lo hicieron saber muchas personas por diversos canales, por lo que el vicepresidente pocas horas después devaluó su propuesta y consideró que el asueto podría otorgarse descontando los dos días de la licencia anual, y que se cuidaría de no afectar servicios imprescindibles en el caso de los funcionarios del Estado. También aclaró que al fin de cuentas los privados podrían hacer un «esfuerzo» para que dentro de «lo posible» no se trabaje en ese día laborable inserto en una seguidilla de libres.
Esta ligereza de conceptos es llamativa, realmente, en una persona como Nin Novoa, que proviene del Interior, y que por lo menos debería ya estar en condiciones de discernir entre la distorsionada percepción que tienen los montevideanos de la realidad del país y la que en cambio percibe el ciudadano del Interior, que sabe que sólo de su apuesta al trabajo, a la creación de riqueza y al esfuerzo podrá sacar adelante su proyecto personal y al país.
En cambio, no nos llama la atención —¿a quién podría?— que los primeros en adherir fervorosamente a la idea hayan sido las huestes del PIT - CNT encabezadas por el dirigente Juan Castillo y fundamentalmente la confederación de funcionarios del Estado nucleados en COFE, que por supuesto advierten que serán los grandes beneficiados con dos mini semanas de turismo adicionales, porque en realidad servir a los ciudadanos desde los cargos públicos les importa un rábano y estarán en condiciones de gozar de más días libres, percibiendo sus sueldos a cubierto de todos los factores que en cambio afectan a quienes crean la riqueza, asumen los riesgos y el esfuerzo y pagan mensualmente sus impuestos para pagarles los salarios.
Este planteo es además delirante sobre todo en momentos en el que el país trata de acomodarse para reducir las consecuencias de la crisis financiera global, que ya nos ha costado cientos de puestos de trabajo y que se perfila para 2009 como una amenaza a miles de empleos y la calidad de vida de los uruguayos. Pero está claro que para los funcionarios del Estado ese riesgo no existe, ante su inamovilidad y el hecho de que sus empresas no se fundirán, sino que serán sostenidas por el resto de los ciudadanos con un mayor aporte de recursos que deberán detraer de sus exhaustos bolsillos.
En cambio, la respuesta del sector privado y del ciudadano en general ha sido unánimemente adversa a la iniciativa del vicepresidente, porque hay consenso respecto a que en nuestro país ya tenemos demasiados feriados, que se observan en su totalidad en el sector estatal, por supuesto, y los funcionarios del Estado agregan un margen muy apreciable de «feriados» propios a través de certificados por enfermedad, que no se dan en el sector privado, donde hay otra responsabilidad de gestión y cuando no la hay, se corre el riesgo de que la competencia haga desaparecer a quien no observa esta regla de oro de la economía. El problema es que los desaguisados que se dan en el Estado, de los que son responsables también gobernantes con actitudes como plantear todavía más asuetos para seguir de espaldas al mundo real cuando se perfila una recesión, les cuestan dinero y tiempo a un Uruguay en el que deberíamos estar ocupados en cómo hacer para crear más riqueza, para distribuirla mejor, en vez de inventar excusas para trabajar lo menos posible.