Opinion | 09 Dic

Aunque en esferas del gobierno y la central sindical el mutismo ha sido absoluto, no debe dejarse pasar por alto el significado de la observación y cuestionamiento formulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la injerencia del gobierno en las negociaciones de los Consejos de Salarios, como así también al contenido del proyecto de Ley de Negociación Colectiva que está a estudio de una comisión parlamentaria, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo informado por el semanario «Búsqueda» la OIT sugirió al gobierno uruguayo, en un informe dirigido al Parlamento, que modifique varios artículos del referido proyecto de ley, que actualmente estudia la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, para evitar «la injerencia de las autoridades públicas» en la negociación salarial.
La referencia de la OIT, ante el informe solicitado por la referida comisión, hace alusión a los artículos 11 y 12 de esta iniciativa, los que establecen que los Consejos de Salarios «tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada».
Entiende la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur que si bien «la fijación de los salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas», debe promoverse la negociación de las demás condiciones de trabajo por las organizaciones de trabajadores y los empleadores y sus organizaciones sin injerencia de las autoridades públicas, por lo que se sugiere que se modifiquen estos artículos «a fin de que la negociación bipartita no sea sustituida en la práctica por una negociación tripartita».
Pero aún más severa es la observación relacionada con lo establecido en el artículo 21 del proyecto, referido a la ocupación total o parcial de los lugares de trabajo, sobre lo que la OIT sugiere que «se incluya en el artículo una referencia expresa a la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma».
No son menores ninguno de los dos aspectos mencionados, que están en sintonía con la actitud del gobierno de incidir decisivamente en la negociación salarial, que pretendería la defensa del sector en teoría más débil cuando en realidad se está vulnerando el Estado de Derecho y la propiedad privada, incluso con la consecuencia de afectar la propia supervivencia de la fuente de trabajo.
Peor aún, se alienta por esta vía que las minorías radicales que «copan» las asambleas y aún derrotadas en votación se hagan fuertes invadiendo lugares de trabajo, sin que puedan ser desalojadas por la fuerza pública aunque lo solicite el propietario, mientras coartan el derecho al trabajo de los trabajadores en desacuerdo con la medida de fuerza, que suelen ser la amplia mayoría aunque no estén sindicalizados.
Esta clara violación del derecho de propiedad fue una de las primeras medidas que adoptó el ex ministro del Interior, José Díaz, de triste gestión al frente de esta cartera, que no solo priorizó la situación de los delincuentes por sobre la de las víctimas, sino que también derogó el decreto que permitía el uso de la fuerza pública para desalojar a quienes ocupaban ilegalmente lugares de trabajo.
Esta irracionalidad, empero, la sufrió el gobierno en carne propia cuando funcionarios del Estado, que habían recibido el obvio mensaje del «todo vale» cuando de reivindicaciones salariales se trata, ocuparon la sede del Ministerio de Economía y Finanzas y protagonizaron también una asonada con destrozos en dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En esos casos el Poder Ejecutivo dejó de lado la permisividad a ultranza y resolvió no negociar con quienes ocuparon y protagonizaron desórdenes, lo que va en contradicción con la tolerancia extrema ante quienes sí lo hacen en contra de la propiedad privada.
Esta ambivalencia es un ejemplo más de visiones sesentistas que se mantienen dentro de la propia fuerza de gobierno y han sido caldo de cultivo para alentar posiciones radicalizadas que se manifiestan en los Consejos de Salarios y en los actos de presión que ejercen las corporaciones de funcionarios del Estado, que tienen de rehén al país y que consideran que el sector privado debe seguir pagando como sea sus beneficios y privilegios, aún en medio de la crisis, como también lo piensa el gobierno.