Opinion | 13 Dic Según testigos y las imágenes registradas por televisión, los activistas que resistieron a golpes de puño el pedido de desalojo de las barras del Palacio Legislativo durante la sesión del Senado en que se aprobó la Ley de Educación son los mismos que semanas atrás habían causado destrozos y pateado la puerta del despacho del director nacional de Trabajo, Daniel Baráibar, adhiriendo a la protesta de la gremial de taximetristas contra este ministerio.
Estamos ante un grupo de inadaptados, que por motivaciones ideológicas y extremismos, y que no suma más de cincuenta personas, tiene capacidad de movilización para tensar la cuerda y generar reacciones a efectos de ponerse como víctimas de la represión, en una situación paradójica para una fuerza de gobierno que ha albergado o por lo menos sido tolerante con estos grupos radicales cuando estaba en la oposición, y que hoy es obligada a probar de su propia medicina cuando tiene la responsabilidad de velar por la ley y el orden en el país, en el ejercicio del gobierno.
Por supuesto, estos grupos no responden más que a sí mismos, pero siempre encuentran quienes le sigan el juego o se sientan desafiados para demostrar quién es más revolucionario o anti imperialista, o defensor de causas que nada tienen que ver con el interés general.
Hoy el PIT - CNT y gremios de docentes, burlándose de la opinión pública y desfigurando los hechos que vio todo el mundo, denuncian la «represión» de las fuerzas policiales en el Parlamento, pero se cuidan muy bien de decir la verdad respecto a quienes agredieron físicamente e insultaron a todo el que se les pusiera a tiro, desde legisladores hasta policías.
Estamos ante el mismo síndrome del Hospital Filtro, posiblemente incluso con muchos de los mismos activistas de entonces, cuando una asonada de grupos radicales pretendió resistir la orden de extradición a España de terroristas de la ETA, y forzó la represión para ponerse en víctimas de la «brutalidad» policial y del gobierno de turno, buscando «mártires» para distorsionar la realidad ante la opinión pública. Esta es una práctica común de los extremistas. Y los uruguayos hace rato ya que debiéramos haber aprendido la lección, para que nadie pretenda volver a engañarnos.