Opinion | 15 Dic Como una consecuencia positiva de la reestructura que lleva adelante el Banco Hipotecario del Uruguay, según criterio de sus autoridades, la institución ha reiniciado la operativa con créditos inmobiliarios, abriendo una primera etapa con mil para compra de vivienda, solo para los montevideanos, con la perspectiva de ampliar esa posibilidad al Interior en la siguiente instancia, en todos los casos para ahorristas con más de dos años de antigüedad.
Siempre es una buena noticia que haya oportunidades para que las familias de menores ingresos puedan acceder a la vivienda propia, y en este caso se trata de una franja específica de ingresos medios, pero es más importante cuando estamos ya en medio de una crisis financiera internacional que está determinando una restricción en el otorgamiento de créditos, una disparada de tasas de interés y mayor exigencia de las entidades bancarias para la participación en la intermediación financiera.
El Hipotecario retornó a la plaza tras seis años de ausencia que en realidad son muchos más, porque su actividad ya estaba muy restringida y había dejado de cumplir los fines para los que había sido creado.
De acuerdo a lo manifestado por sus autoridades, los créditos que ofrece serán entregados en Unidades Indexadas, es decir que acompañarán la evolución del índice inflacionario, más un plus por interés y cobertura de riesgo, aunque sin perder el perfil social de la institución, lo que explica que se dirija el préstamo tanto a la compra de vivienda nueva como usada.
El gran problema del Banco Hipotecario durante todos estos años ha sido de gestión, porque ha operado como un instrumento político del gobierno de turno, lo que más o menos podía disimularse cuando era posible cubrir sus pérdidas con recursos de Rentas Generales, es decir de toda la población, lo que agregaba drenaje de recursos al ya subsidiado préstamo. También contribuyeron a su falta de liquidez y sobre todo a su descrédito, manejos turbios de jerarcas —algunos de los cuales incluso han sido procesados— y una interpretación distorsionada de la realidad de cooperativas que se sirvieron de la entidad financiada por todos los uruguayos, pero que no tuvieron la misma solidaridad con otras miles de familias en similar situación, y dejaron de pagar sus cuotas o lo hicieron muy parcialmente, lo que afectó las finanzas de la institución.
Este desfase todavía se está pagando y la reestructura de deudas atendió la situación de quienes dejaron de pagar, metiendo en una misma bolsa a quienes realmente no podían y también a los que especularon con no hacerlo. Eso no ha sido otra cosa que forzar a todos los ciudadanos a solventar el agujero financiero que dejó la institución, porque no hay almuerzos gratis en esta vida, y cuando alguien no paga es sencillamente porque otro lo hizo por él.
Lamentablemente esta ha sido la historia del Banco Hipotecario, por un manejo político que ignoró las leyes de la intermediación financiera y cargó a toda la población la generosidad extrema hacia algunos sectores. Esta lección suponemos fue aprendida por quienes trabajosamente han conducido la reestructura del banco estatal en los últimos años, con un plantel de funcionarios muy bien pagos y excedido en número respecto a las necesidades de la institución, lo que ha agravado el déficit.
No va a ser fácil atar estas moscas por el rabo, desde que la conducción política conlleva no guiarse siempre por el mercado y un análisis rigurosamente técnico de la situación, sino por ingresar en consideraciones con una lógica que no condice con el análisis profesional.
El presidente de la institución, Jorge Polgar, expresó a El Observador que el Hipotecario «por primera vez está realizando una práctica profesional de análisis de riesgo», y agregó que «el tema es la gestión» que permita «instaurar un criterio profesional y comercial y los créditos en forma sana, en materia de riesgos», a lo que contribuirá seguramente que el banco deje de comportarse como una empresa constructora o inmobiliaria, lo que por cierto le trajo muchos dolores de cabeza y pérdidas.
Por supuesto, el análisis de riesgo es solo una parte del tema, y seguramente la gestión es el mayor desafío para un organismo que por su manejo político no ha estado a la altura de las circunstancias, bajo ningún gobierno. Nada indica por ahora que el actual, pese a los enunciados, podrá mantenerse incontaminado ante las mismas tentaciones que sus antecesores, sobre todo cuando una y otra vez el gobierno ha puesto énfasis en una «sensibilidad social» que naturalmente no es gratis.