Locales | 17 Dic El presidente Tabaré Vázquez denegó en una resolución de gobierno que los directivos de Botnia concurran a declarar a Entre Ríos por el delito de tentativa de contaminación que impulsó el ex gobernador Jorge Busti y que dirime el juez federal Guillermo Quadrini, de Concepción del Uruguay. En una resolución que lleva su firma, argumentó que los exhortos argentinos afectaban la seguridad, el orden público y los intereses de Uruguay.
La resolución, de cuatro páginas y fechada el 9 de diciembre, que lleva la firma del presidente Vázquez y el canciller Gonzalo Fernández, niega “la asistencia solicitada por Argentina” a que refieren las notas y exhortos antes referidos “por afectar la seguridad, el orden público y los intereses esenciales de la República Orienal del Uruguay”.
Como se informó oportunamente, los exhortos fueron enviados por el referido juez a la Cancillería argentina en dos oportunidades en 2007 y 2008 y ésta a su vez los remitió al Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país. No obstante, los directivos de Botnia no se hicieron presentes en ninguna de las fechas establecidas. En los considerandos de la resolución el gobierno uruguayo tomó como base el numeral 1 del literal E, del artículo 5 del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales del Mercosur, donde se señala que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido.
Agrega que la cooperación solicitada por Argentina “afecta la seguridad del Estado uruguayo, en especial en la zona fronteriza donde se han protagonizado incidentes que afortunadamente no han sido graves, aunque permanece instalada una amenaza latente que ha crecido con la reciente reivindicación de un nacional argentino que, en tribunales de su país, ha hecho valer su derecho de libre circulación, lo que ha ocasionado incidentes”.
Acto seguido, afirma el presidente Vázquez que “es deber del Estado uruguayo adoptar una actitud preventiva en grado máximo, lo que está sin duda reñido con la asistencia jurídica” que contienen los exhortos. La resolución afirma también que “se encuentra afectado el orden público internacional” y que “el cumplimiento de la solicitud afecta los intereses esenciales del Estado, tanto en el plano económico vinculado a la instalación de emprendimientos comerciales, como en especial, en relación a los derechos soberanos del Estado de disponer de su territorio libremente y sin coacción, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno y al internacional”.