Escribe el DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 16 Dic Existe general acuerdo acerca de que el sistema vigente de enseñanza adolece de numerosas imperfecciones en su funcionamiento, que tales imperfecciones y fallas afectan de manera severa al sistema público y es necesario abordar importantes reformas que sean eficaces para que pueda alcanzar el grado de eficacia que es notorio que había llegado a tener y que es indispensable pugnar para que, en un futuro que ciertamente ha de insumir lapso prolongado, logre recuperar. Sin embargo, ciertamente es lamentable que la reciente nueva ley de enseñanza, que el Poder Legislativo aprobó en fecha reciente, no sea el instrumento apto para impulsar una efectiva recuperación del mejor nivel de eficacia de la enseñanza nacional.
Varias razones pueden invocarse para explicar la pertinencia de los precedentes y pesimistas conceptos.
En primer término, el fundamental es el siguiente: los problemas de la educación y la sin duda también fundamental e indiscutida necesidad de promover y asegurar el más amplio y eficaz sistema de enseñanza, no sólo pública, es deber absolutamente fuera de toda discusión o duda, que compromete profundamente a la colectividad toda, al margen de disidencias ideológicas, políticas, religiosas o de cualquiera otra índole. Por lo tanto, lo normal y razonable es que cuando se trata de consagrar progresos de tal índole sea indispensable, para el logro de las mejores o más aptas fórmulas, que al margen de cualesquiera disidencias derivadas de diferentes convicciones, quienes las sustenten --estén en el gobierno o fuera del mismo-- actúen de manera mancomunada para lograr acordar y aprobar las soluciones que puedan alcanzar los más altos niveles de perfeccionamiento y eficacia. No obstante, tal como resultó del trámite de la ley sancionada, no fue así como se procedió en el caso.
En efecto, no se intentó lograr un acuerdo que sirviera de base a una efectiva y amplia fórmula verdaderamente nacional, que apuntara a cuestiones esenciales en la materia, para darles contenido apto para larga vigencia. Y, tan así fueron las circunstancias del trámite, que hasta se dio la siguiente situación: una de las grandes colectividades políticas planteó, ante el Ministerio de Educación y Cultura, la creación de una mesa de diálogo para revisar, obviamente al margen de posiciones políticas o ideológicas, la iniciativa en preparación. Pero la respuesta, como señaló un legislador en la cámara alta, fue por la vía de los hechos negativa, pues tal mesa nunca se integró, ni se abrieron posibilidades para buscar algún tipo de acuerdo.
A ello se agregó que, presentado para su consideración parlamentaria, el proyecto que las autoridades habían elaborado fue tratado en el ámbito de las cámaras del Poder Legislativo, sin que en esencia se haya abierto a la discusión con los partidos y agrupaciones políticas, lo que significó que a través de la mayoría del sector gubernamental, no obstante algunas divergencias no leves entre sus integrantes, se impuso aprobar la citada iniciativa.
Pero, lo que en forma sustancial permite adelantar opinión disidente con la nueva ley es que, en verdad, lo que realidad se limitó a hacer, no obstante su numeroso articulado, es introducir reformas de índole meramente formal o administrativo, que no alteran la cuestiones de fondo que más interesan a la educación. Esto permite sostener que en verdad, y contra lo que es necesario, no se aporta nada eficaz para el progreso de la educación.
Sin perjuicio de señalar que en Sala se hizo alusión a que la ley contiene gran proliferación de organismos (v.gr. Comisión Nacional de Educación, Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, Comisiones Coordinadoras Departamentales de Educación, Congreso Nacional de Educación, CODICEN, Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica y Media Superior, de Educación Tecnológica Superior, Comisiones Consultivas, Consejo Coodinador de la Educación de la Primera Infancia y otros numerosos órganos o comisiones que se agregan a los precitados), que seguramente hará difícil una coordinación adecuada, lo que más procuraron quienes ejercen la docencia fue poder acceder a la integración de los organismos de dirección, algo que tiene el inconveniente muy grande que emana de la creciente politización del personal docente.
Por lo muy sucintamente expuesto es posible adelantar, sin perjuicio de volver sobre tema tan importante, que se perdió una excelente oportunidad de aprobar una nueva ley de educación, verdaderamente completa y eficaz para empezar a dar solución a la indispensable reestructura de la educación nacional.