Opinion | 18 Dic La crisis ya ha instalado sus reales y es inútil seguir negándola. Eso no alegra a nadie, pero lleva a recordar que el Poder Ejecutivo la descartaba despectivamente una y otra vez el como una mera invención de opositores para poner piedras en el camino de un gobierno que en sus cálculos electorales seguía gastando sin remordimientos todo el aumento de la recaudación que ingresaba a sus arcas.
Si un gobierno imprevisor es mala cosa para el país, mucho peor lo es si además trata de negar la realidad y de seguir como si nada hubiera pasado, como ha intentado hacerlo desde que aparecieron las primeras señales, desestimándolas para seguir gastando. Ese gasto excepcional fue comprometido en la Rendición de Cuentas para 2009, y ante la caída de actividad que inevitablemente sobrevendrá porque los mercados se cierran, los precios de nuestros productos de exportación caen y el gasto público aprobado es exorbitante aún para tiempos de bonanza, se nos presentará un escenario complicado, por decir lo menos.
Así han quedado atrás las apelaciones del ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de que el país contaba con “espacio fiscal” para gastar, justo en año de elecciones, en un acto de ligereza que sonaba a excusa para justificar el carnaval electoral en ciernes.
La crisis que todos veían venir sorprendió al gobierno cuando todavía tenía expectativas de seguir pateando la pelota para adelante, y tras la negación primero, después los blindajes que supuestamente nos ponían a cubierto y el posterior concepto de que en “algo nos va a afectar”, fueron dejando paso a un gradual reconocimiento de que la cosa podía ser más grave, aunque ya era tarde para ensayar alternativas.
Las medidas anticíclicas que anunció recientemente el ministro de Economía, Álvaro García, son tragicómicas, desde que el ciclo que se quiere prever ya está encima de todos nosotros, porque precisamente se aplicaron políticas procíclicas que una y otra vez el gobierno dijo que no iba a seguir.
Las circunstancias han llevado a la necesidad de hacer algo ante una población y operadores económicos que desde hace rato asumieron que las cosas no son como las pinta el gobierno, y que es preciso dar señales de que no solo puede pedirse responsabilidad al sector privado, que por instinto de conservación debe prepararse para la crisis, sino que sobre todo debe hacerlo el gobierno, que es el que a través del Estado gasta el dinero de todos nosotros. Y por añadidura lo hace mal y en exceso.
Lo que los actores privados y el sistema político le han pedido al gobierno es que ante un presupuesto diseñado para un escenario de bonanza que desapareció como por arte de magia, adopte un drástico recorte del gasto y ejecute solo el 90 por ciento de lo previsto, que para colmo de males ha incorporado un gasto rígido en varias áreas.
Y como señal hacia el ciudadano el presidente Tabaré Vázquez estableció que todos los miembros del gabinete deberán presentar el 29 de diciembre, cuando se reúnan con él en Anchorena, un memorando con sus planes de ahorro para el próximo año, aunque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, aseguró que no se recortarán los gastos de carácter social ni los de reactivación productiva, aunque sí se relegarán los prescindibles o que se puedan trasladar hacia el futuro, lo que implicará una revisión de prioridades.
Pese a que voceros del gobierno lo han desmentido una y otra vez, no es posible negar que el gasto estatal es un factor adverso en el desenvolvimiento de la economía, desde que pesa en demasía sobre los sectores que crean la riqueza. Si hubiera espacio fiscal el gobierno debería dedicarlo a aliviar la carga tributaria, para permitir que las empresas puedan trabajar sin que la soga les apriete tanto el cuello. Pero la mano viene tan complicada que también se está pensando en un ajuste fiscal encubierto, aunque esa sea mala palabra para el gobierno de izquierda. Y este ajuste no necesariamente pasa por crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, sino que también puede darse --como fue anunciado-- por la vía del aumento en las tarifas de las empresas públicas monopólicas UTE, OSE, Antel y Ancap.
En demanda de más recursos para volcar a Rentas Generales, la fuerza en el gobierno ha decidido echar mano a un tarifazo de los que tanto criticara y que podría oscilar entre el 6 y el 10 por ciento, para compensar finanzas comprometidas solo porque en su momento no hizo lo que tenía que hacer: guardar para cuando no hubiera.