Opinion | 22 Dic A esta altura los habitantes del Interior deberíamos estar curados de espanto, pues tenemos lamentablemente una larga experiencia respecto a cómo proceden los gobernantes capitalinos cuando de políticas y medidas centralistas se trata. Sin embargo, de a ratos vemos sobrepasada nuestra capacidad de asombro, pues no solo se trata de dorar la píldora para salvar apariencias, sino que ocurre que a menudo también reinciden a cara descubierta, repitiendo mentiras piadosas.
Es así que según información de nuestro corresponsal en Montevideo, el gobierno estudia la posibilidad de dar continuidad al subsidio para el transporte de pasajeros, con uno nuevo similar al aprobado por ley en octubre de 2007 ya que éste estaría caducando en estos días. Se trata de un aporte de Rentas Generales, a efectos de contener el precio del boleto en Montevideo y franjas adyacentes de los departamentos vecinos como San José y Canelones, que conforman el cinturón metropolitano, en el que está radicada más o menos la mitad de la población del país.
En el año 2007, este se dispuso a través de la ley 18.180, que establecía un aporte “por única vez” de 20 millones de dólares destinados a subsidiar el boleto metropolitano, ante el aumento de los combustibles que amenazaba desequilibrar las proyecciones del equipo económico para la inflación anual. Pero como suele ocurrir con los favores que se disponen para la capital, todo indica que será renovado para el próximo año, aunque el petróleo redujo su precio en dos terceras partes desde aquel momento. Así, los uruguayos de los más recónditos rincones del territorio serán quienes aporten para que el agitado obrero montevideano se ahorre unos pesos cada vez que se sube a un ómnibus “metropolitano”, así sea para pasar unas horas de distensión en una playa de Canelones o para concurrir a su oficina en la Ciudad Vieja.
Pero como este aporte no fue suficiente para reducir el boleto a los valores que el usuario montevideano pretende pagar, el actual gobierno incorporó además un “fideicomiso” para todas las empresas de transporte colectivo del Uruguay, que se nutre de un sobreprecio de casi $2 al gasoil, que por supuesto, pagamos todos cada vez que cargamos el tanque de nuestro vehículo gasolero. Y aunque en este caso se nos pretende dorar la píldora argumentando que las empresas del Interior también se benefician del fideicomiso, es obvio que el gran transporte público está en el “área metropolitana”.
Hasta ahora no se ha podido desentrañar el real monto de los fondos vertidos a este fideicomiso, aunque hay datos que los sitúan en casi cuatro millones de dólares mensuales. Pero el Ministerio de Transporte se cuida muy bien de no dar a conocer en qué proporción se beneficia Montevideo con respecto al Interior, cuando es obvio que es allí donde se vuelca la parte del león. Mientras tanto, seremos todos los uruguayos que a través de impuestos aportaremos para que el boleto montevideano no se dispare de los $14 que se cobra, a los más de $20 que en realidad vale, haciéndole así la vida más económica al sacrificado ciudadano capitalino.