Paysandú, Miércoles 31 de Diciembre de 2008
Locales | 26 Dic El Poder Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la fumigación aérea a menos de 50 metros de las escuelas rurales y la terrestre a menos de 30 metros.
La medida fue adoptada en los últimos días y luego de que en marzo pasado la Escuela 86 de Sauce (Canelones) fue literalmente fumigada por un avión.
Aunque ese día no había clases, varias casas cercanas fueron afectadas y el hecho tomó estado público, tras la denuncia realizada por la Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa.
Integrantes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, que reclama la prohibición del uso de agroquímicos en la producción, opinaron que la medida gubernamental no ayuda “absolutamente nada”, ya que sostienen que el viento fácilmente arrastra los productos fitosanitarios en una distancia tan corta. No obstante, valoraron que las autoridades acusen recibo de las denuncias de distintas comunidades del país por este problema.
En un comunicado la referida red ambientalista dijo que la medida del gobierno reconoce “vacío legal en relación a las fumigaciones aéreas y terrestres en áreas donde existen escuelas rurales” y que “por largo tiempo, se han venido fumigando venenos -los mal llamados ‘productos fitosanitarios’- sobre las escuelas del medio rural”.
Agregan que en nuestro país “los vientos son una constante y las aplicaciones se realizan cuando el cultivo lo necesita y/o lo determina el técnico, haya o no haya viento”.
“Es decir que esta medida que pareciera proteger a los niños de las escuelas rurales, es simplemente una regulación para proteger a las empresas” de las denuncias de los vecinos.
Sostienen que la distancia establecida en el decreto es insuficiente y se preguntan si no fue posible que las autoridades que elaboraron esta resolución, pensaran en los niños por una sola vez y prohibieran las fumigaciones en las zonas rurales donde hay escuelas. “¿Es más importante proteger a los cultivos que a los niños? Resulta claro que con esta resolución las empresas son las protegidas y no los niños”, afirma el comunicado.
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