Opinion | 30 Dic Para cualquier empresa que pretenda introducir cambios estructurales uno de los factores decisivos para determinar el éxito o el fracaso de los mismos es el grado de aceptación de sus subordinados, o sea de quienes en definitiva serán los responsables de su instrumentación. Esa predisposición en lenguaje técnico se denomina “crédito”, y como en economía, se puede ganar o perder en función de las actitudes, expectativas generadas y el compromiso demostrado en alcanzar los objetivos de la cúpula empresarial. Si cualquiera de estos factores falla, automáticamente se crea un ambiente adverso que en ciertos casos truncará todo lo que se pretenda corregir, dado que los propios funcionarios serán quienes pongan las piedras en el camino para que todo siga como estaba.
El tránsito no escapa a esta regla de oro, y es la dirección municipal la que debe vencer estos obstáculos, diseñando estrategias para captar y mantener la voluntad de los directamente involucrados, en este caso los conductores, peatones y en definitiva, de toda la población.
Para alcanzar los objetivos en forma pacífica y exitosa, lo primero que se necesita es el apoyo de esta masa de gente con la mínima polarización posible, aunque partimos de la base de que todo cambio en las reglas de juego siempre genera rechazos en algunos sectores. La actual administración contaba para esto desde el vamos con una carta de crédito invaluable que es la convicción de la gran mayoría de la población que consideraba caótica la situación inicial, y que resultaba imperioso un cambio radical en la fiscalización y el ordenamiento del tránsito.
Pero esto solo no alcanza y cualquier asesor experiente hubiera recomendado una campaña masiva de educación vial por todos los medios posibles --carteles, folletos, radio, televisión, prensa, información en centros de estudio, etcétera-- diseñada con profesionalismo e inteligencia y desarrollada por un plazo suficientemente extenso pero con clara fecha de entrada en vigencia las nuevas normas.
El segundo paso, no menos importante, es la instrumentación de los controles prometidos, que deben demostrar la determinación gubernamental de hacer cumplir la ley en todo momento y por todos, sin excepciones. En esa etapa no son válidas las excusas como falta de personal, sus horarios de trabajo o carencia en infraestructura. Porque eso debía haberse resuelto con anterioridad, previendo todos los escenarios.
Por último pero igual o aún más importante es la capacitación e idoneidad de los inspectores.
No obstante, en cada una de esas etapas la Dirección de Tránsito dio más en el dedo que en el clavo. La campaña de difusión no logró convencer a la población objetivo; los controles se implementaron tarde, mal y parcialmente, sin respetar ningún plazo preestablecido en la campaña y con un ultimátum tras otro que nunca se cumplieron. Además, los inspectores no fueron preparados técnica ni sicológicamente para la función que desempeñan. Como consecuencia de esa suma de factores, la población percibe un alto grado de improvisación de la comuna.
El golpe de gracia lo recibieron sus representantes la noche del 18 de noviembre, cuando a raíz de un control rutinario en plaza Artigas buena parte de los adolescentes que allí se reunían enfrentaron a las autoridades en defensa de los ocasionales infractores que acertaban pasar, mientras muchos motociclistas escapaban temerariamente ante la incapacidad manifiesta de los funcionarios para retenerlos.
En los días siguientes se armó un operativo con apoyo de policía de choque, con poco éxito. Y quizás en un acierto, la Intendencia decidió no actuar en la madrugada de esta Navidad, lo que podría haber derivado en una batalla campal a juzgar por los resultados antes mencionados.
El gran problema que se presenta es que la actual administración ya no cuenta con el crédito de la población, y haga lo que haga será duramente resistido y condenado al fracaso.
Los ciudadanos de buena fe se sienten defraudados cuando un inspector pretende hacerle cumplir la norma mientras los desaforados de siempre salen impunes en la noche sin ningún elemento de los obligatorios de seguridad, haciendo barbaridades inimaginables a la vista de todos y burlándose frente a los funcionarios. Y aunque la Dirección de Tránsito sostenga que “hasta la medianoche las normas se respetan”, todos sabemos que esta percepción dista mucho de la realidad, y que más allá de ciertos horarios --principalmente en la mañana-- y en la zona céntrica, usar casco o cinturón para evitar una multa es hacer el papel de tonto frente a la gran mayoría que no cumple.
Es claro que quien lleva a los niños a la escuela o se dirige a su trabajo no está dispuesto a enfrentar a la autoridad y acatará lo que disponga sin mayor resistencia, pero la multa fácil solo logra mayor rechazo, dado que aumenta la diferencia de criterios según el patoterismo que se oponga a la inspección.
Las cartas están jugadas y la Intendencia va perdiendo la partida. Quizás habría que analizar la posibilidad de contratar asesoramiento profesional externo, como lo hiciera la administración Lamas con el ingeniero Lucas Facello para ver cómo rescatarnos del tránsito local, que hoy es tierra de nadie.