Opinion | 03 Ene Tiene razón el Poder Ejecutivo cuando manifiesta preocupación por la evolución de los precios internos, que han crecido por encima de los salarios en áreas como la de los alimentos, nada menos, lo que contribuye a distorsionar la economía de las familias de menores ingresos.
Esta inquietud responde a un hecho que puede comprobarse fácilmente en las góndolas de los supermercados: el retroceso de la cotización internacional de las materias primas no se traduce en una tendencia similar en los precios de los derivados, cuando en su momento la argumentación manejada para su suba fue precisamente la de que esos precios debían trasladarse al consumidor.
Claro que para poder llegar a una respuesta atinada a este escenario debe elaborarse primero el diagnóstico correcto, es decir determinar dónde están las razones para que el mercado funcione en una sola dirección, y no solo por las materias primas, sino que hay expectativas que generan distorsión, como la evolución del dólar, cuya suba se traduce inmediatamente en los precios pero que no tiene la misma rapidez para repercutir en lo interno cuando baja.
Los precios de las materias primas están en descenso ya desde hace meses, pero no ocurre lo mismo en plaza, salvo en contados artículos, y a la vez es notorio que sectores que tienen severas dificultades para colocar su producción en el exterior, y por lo tanto tienen un exceso en depósitos, igualmente no han aplicado rebajas en su cotización al consumidor, salvo en producciones de estación, como frutas y hortalizas.
El tema fue analizado por el presidente Tabaré Vázquez en el último Consejo de Ministros, al punto que tras ese encuentro dijo que “vamos a salir a trancar fuertemente el alza de los precios. Vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios. Si el Estado tiene que importar productos, lo hará”, sin entrar en mayores detalles.
Como mensaje, la inquietud del mandatario es compartible, pero no ocurre lo mismo a la hora de bajar a tierra la intención, desde que si se actúa a la ligera y con voluntarismos, pueden ensayarse “soluciones” que serían peores que el problema que se intenta combatir, como ya ha ocurrido en otras épocas, en las que el intervencionismo del Estado resultó contraproducente. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, fue más allá al señalar que “se va a apelar si es necesario a que el Estado participe en algún mecanismo de distribución, si se detectan problemas de acaparación o de monopolios, o de oligopolio o de controles que sesgan los mercados. Se va apelar a la intervención pública en este sentido”.
Aparentemente el gobierno todavía no ha asumido que los precios no se decretan, sino que se forman, salvo los del propio Estado, que se sirve de monopolios que atan de pies y manos al consumidor y que puede perder plata en entuertos como las inversiones sucroalcoholeras estatales en Bella Unión, que cubre con los aumentos en los productos de Ancap, sin competencia posible.
Sin dejar de reconocer que hay posturas abusivas en determinadas cadenas que tienden a quedarse con la diferencia en los vaivenes de precios, debe tenerse presente que el Estado contribuye a esta situación porque tampoco aplica las bajas a que hacen referencia integrantes del gobierno. El mercado necesita más transparencia antes que intervención del Estado y también estímulo a la competencia, sin olvidar que la inercia es alentada por expectativas y especulaciones que tratan de retrasar la baja. Pero cuando se menciona alegremente que se van a importar productos, a quien realmente se perjudica es al productor y no a los intermediarios, que especulan con las existencias y nunca pierden un centésimo.
Además, las autoridades deberían mirar hacia dentro del Estado, que sigue ignorando la baja internacional de precios, como los del petróleo, desde que la rebaja en los combustibles se va haciendo por cuentagotas, pese a que los valores del crudo han caído a una tercera parte, y ya se anuncian incrementos en OSE y UTE.
Por lo tanto, el gobierno no solo debe reunir a los integrantes de las cadenas de producción y distribución, sino también enviar señales positivas a los ciudadanos y operadores, haciendo ver con ejemplos concretos que está dispuesto a poner su cuota parte en la lucha contra la inflación y los costos internos, en vez de pretender hacer creer por sus voceros que no tiene culpa en el problema.