Opinion | 31 Dic A través de una encuesta del Barómetro de las Américas, surgen datos significativos sobre la inseguridad que sienten los uruguayos, entre un conjunto de elementos que son base para determinar la base democrática de la población de un país y los factores que podrían amenazar la vigencia del estado de derecho.
El suplemento “Economía y Mercado”, de “El País”, publica una entrevista a Rosario Queirolo, licenciada en Sociología por la Universidad de la República y en Ciencia Política por la Universidad Católica del Uruguay, que analizó los resultados de dicha encuesta a propósito de su inclusión en un libro del que es coautora.
Si bien la enorme mayoría de la población destaca las virtudes de la democracia, hay condiciones que afectan la calidad de vida y que son un tiro por elevación contra la fidelidad a las instituciones democráticas, reafirmando que libertad y seguridad son condiciones paralelas en un estado democrático.
Queirolo explicó que “la realidad la medimos a través del índice de victimización”, es decir si la persona “fue víctima de un robo o no”, en tanto se maneja como complementario en las preguntas si han hecho la correspondiente denuncia policial o judicial. Subrayó que “las estadísticas oficiales solo pueden recabar las denuncias de las víctimas y, como es sabido, sub representan la cantidad de delitos. En efecto, nuestro estudio indica que el 59% de los damnificados denunció el delito y que el 41% prefirió no hacerlo”.
El 22% respondió haber sido víctima de algún acto delictivo en los últimos doce meses. Pero el problema no para ahí, sino que la sensación térmica también guarda estrecha relación con vandalismo, hostigamiento por bandas, pedreas, rejas en hogares y comercios, la impunidad de los menores que cometen delitos a plena luz y agreden salvajemente, por lo que el ciudadano percibe que el sistema no tiene respuestas adecuadas ante la grave situación.
La inseguridad es parte de los problemas que debe enfrentar un régimen democrático, y si bien en nuestro caso no es amenaza para las instituciones, afecta la credibilidad y la confianza del ciudadano. Una razón más, por si hacía falta, para que el sistema político y sobre todo la fuerza de gobierno encare soluciones con la responsabilidad que no ha asumido.