Paysandú, Martes 06 de Enero de 2009
Nacionales | 05 Ene Un grupo de productores rurales presentará, luego de la feria judicial, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre el proyecto de ley que obliga a vender tierras a colonos del Instituto Nacional de Colonización. Los productores también analizan la presentación de recursos de reparación, entendiendo que esta disposición de la Ley de Repoblamiento de la Campaña los está perjudicando.
Por su parte, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso presentó un proyecto de ley en el Parlamento para revertir esta situación. Según radio “El Espectador”, el legislador entiende que Colonización debe permitir que los productores rurales comercialicen los predios de la manera que deseen.
Cardoso considera que el condicionamiento establecido por el articulado es “muy grave”, pues “atenta contra principios básicos” de la Constitución. El texto dota al Instituto de Colonización de la potestad de adquirir el 20% de la superficie en transacción.
Cardoso propone limitar el alcance de este proyecto de ley, de manera que no queden comprendidas las fracciones que habían sido vendidas originalmente por el Sector Fomento Rural y Colonización del BHU. “Es una modificación de la ley conocida como repoblamiento de la campaña o ley de colonización del año 2007, que en uno de sus artículos, desde nuestro punto de vista, crea una dificultad tremenda, que está generándose en todo el país porque involucra a predios comprados o adquiridos en propiedad antes del año 1948, es decir, antes de la creación del Instituto de Colonización, los considera como parte de Colonización y, por lo tanto, obliga a estos propietarios a vender exclusivamente a colonos. Y eso no solamente pasa dentro de las colonias de colonización, sino que en todo el país. Gente que compró a la cartera rural del Banco Hipotecario, hace décadas y décadas que pagaron sus deudas, que han escriturado, que han hecho uso libre de su propiedad durante muchísimo tiempo, ahora quedan sometidos a vender exclusivamente a Colonización porque se los considera que son parte también de esa historia de Colonización”, afirmó a la emisora capitalina.
El diputado herrerista aclaró que entiende conveniente regular la compraventa de tierras, pero apuntó que los predios adquiridos antes de 1948, año en que se creó el INC, deben contar con ciertas excepciones. “Esto genera una restricción al derecho de propiedad muy fuerte, porque todos aquellos que usaban predios que fueron comprados por esa vía estaban usándolos, los arrendaban, hacían capitalización: hacían uso libre de la tierra, incluso la podían vender a cualquiera. Eso ahora se limitó. Hay en marcha un recurso de inconstitucionalidad, según nosotros sabemos, de productores de distintos puntos del país”, indicó Cardoso, quien entiende que el tema tiene derivaciones en el sistema financiero.
Por su parte, el diputado oficialista Gustavo Guarino dijo que en filas del gobierno se está dispuesto a analizar el proyecto de Cardoso, pero defendió las disposiciones vigentes. “La norma que aprobamos tiempo atrás lo que pretende es que se regularice estas situaciones que durante muchos años estuvieron irregulares. El tema es que toda fracción –aunque sea propiedad porque el colono ya la haya comprado- cuando la va a vender debe pedir permiso al Instituto de Colonización a efectos de que el instituto analice si quien la va a comprar reúne las condiciones de un colono, porque esas tierras son compradas con subsidios o con créditos muy blandos, muy especiales”, señaló.
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