Opinion | 05 Ene Uruguay se encuentra quinto en el Índice de Igualdad de Oportunidades para América Latina, por detrás de Chile, Argentina, Costa Rica y Venezuela. Elaborado por el Banco Mundial, muestra cómo inciden en los niños de la región las circunstancias personales, según las cuales pueden o no tener acceso a los servicios imprescindibles para una vida productiva, como agua potable, saneamiento, electricidad y educación básica.
El director de Política Económica y Programas de Reducción de la Pobreza del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Marcelo Giugale, explicó que las oportunidades de los niños latinoamericanos están “fuertemente condicionadas” a los ingresos de su padre, pero muy especialmente al nivel educativo de su madre.
El organismo señaló que, para mejorar las oportunidades en el largo plazo, se debe poner énfasis en la infancia temprana, invertir más en escolaridad básica --que incluye estándares de lectura, pensamiento crítico y habilidad matemática--, proteger mejor a la adolescencia y financiar (no regalar) educación superior a través de préstamos, becas, diferenciales impositivos y formación continua.
Además, asegurar la identidad jurídica, controlar con rigor la discriminación de personas y la monopolización de mercados, brindar acceso a la información a través de bibliotecas, los gobiernos locales y ciudades inalámbricas, focalizar subsidios a servicios públicos, ofrecer otros a microempresarios, más allá del crédito, y compartir los beneficios de la globalización (exportadores indirectos, transferencia de tecnología y oportunidades comerciales).
De acuerdo a la ubicación de Uruguay en el ranking, se puede ser optimista; pero resta mejorar el acceso a las mismas oportunidades para todos. Estos resultados abren un campo de estudio que puede servir para elaborar políticas públicas enfocadas en la equidad. Es de provecho que el gobierno tome en cuenta estos índices, elaborados por organismos internacionales, que permiten observar desde afuera las situaciones locales, especialmente cuando evalúan las políticas relacionadas con la infancia y la adolescencia. Observando sus aciertos y errores se puede mejorar las oportunidades de quienes son el futuro de nuestro país.